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Agencias Washington

Los congresistas creen que las medidas contra quienes deseen invertir en Cuba protegería los intereses económicos y ambientales de EE UU.

El gobierno estadounidense debe impedir la exploración petrolera prevista en Cuba para los próximos meses, dijeron el lunes dos legisladores que representan a la Florida, reportó AP.

La congresista Ileana Ros Lehtinen, presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la cámara baja, y el representante David Rivera manifestaron que las autoridades deben implementar medidas que frenen la explotación petrolera en la Isla porque, además de representar un riesgo ecológico para las costas estadounidenses, ayudaría económicamente al gobierno comunista.

Ambos legisladores pertenecen a la oposición republicana.

"Tenemos que aplicar toda la presión posible para disuadir a personas y entidades de asistir a los planes del régimen castrista para desarrollar sus programas de exploración de petróleo", manifestó Ros Lehtinen tras reunirse con un grupo de funcionarios de la Guardia Costera que le informó sobre los planes de Cuba.

De acuerdo con la información que le suministró el servicio de guardacostas a los legisladores, varias empresas extranjeras colaboran con el gobierno cubano, y a partir de agosto podrían comenzar las tareas de exploración desde una plataforma que ha sido fabricada especialmente en China.

"Esta administración (del presidente Barack Obama) debe tomar esto como una oportunidad para evitar y prevenir la exploración" petrolera, declaró Rivera.

Los congresistas sostienen que la aplicación de medidas contra quienes deseen invertir en Cuba ayudaría a evitar otras inversiones en la industria petrolera de la Isla y protegería los intereses económicos y ambientales de Estados Unidos.

Ros-Lehtinen dijo que en las próximas semanas presentará nuevamente en el Congreso su proyecto de ley "Proteger los arrecifes de coral caribeños", con el fin de negarle la visa estadounidense a las personas que contribuyan a desarrollar las reservas petroleras de Cuba.

La legislación, que no logró ser aprobada la primera vez que fue presentada en el Congreso en 2007, busca también imponer sanciones de exportación a las personas o empresas que inviertan en el desarrollo de la industria petrolera de la Isla.

Cuba produciría alrededor de la mitad del combustible que necesita su economía. El resto lo obtendría mediante compras al exterior, sobre todo a Venezuela, que le provee el crudo mediante créditos blandos.

Según un informe oficial, el gobierno cubano perforó 25 pozos de petróleo en 2010, de los cuales 13 fueron utilizando equipos nacionales. El resto correspondió a empresas extranjeras que trabajan en asociación con La Habana.

La franja de prospección se extendió desde la localidad de Mariel, a unos 70 kilómetros al oeste de la capital, hasta la región de Las Tunas, a unos 700 kilómetros al este de La Habana.


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