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LA HABANA, Cuba, 21 de febrero (Reinaldo Cosano Alén, Sindical Press/ www.cubanet.org ) -Un grupo de abogados graduados el pasado año en la Universidad de La Habana no puede ejercer, según refiere, por absurdos institucionales. Uno de ellos, que prefirió omitir sus señas  por estar entre los aspirantes a un puesto laboral y querer evitar la exclusión, expone:

“Ante todo quiero aclarar que existen dos formas de ingreso a la universidad: mediante el curso regular concluido el nivel preuniversitario (bachillerato) y por el curso para trabajadores (CPT), que combina trabajo y estudio. Estoy entre estos. Los primeros, al graduarse, están obligados a cumplir dos años del servicio social en cualquier provincia asignada.

Nosotros, provenientes de los CPT, por nuestra condición de trabajadores no estamos obligados a pasar  los dos años del servicio social. Pero la paradoja aparece cuando nos presentamos a buscar trabajo en un bufete colectivo o empresa estatal con servicios jurídicos.  Dicen que no hay plaza o, si la hay, que es obligatorio tener por lo  menos dos años de experiencia laboral para obtener el puesto.  Pero, ¿qué experiencia podemos acumular si no nos dan trabajo?”

El permiso para ejercer algunos oficios por particulares, la eliminación de varias añejas prohibiciones establecidas durante décadas como la compraventa de inmuebles, autos y motocicletas, o la entrega de tierras en usufructo, o contratos de las más diversas índoles, todos con obligatorios trámites jurídicos, además de las múltiples cuestiones que ordinariamente se ventilan en tribunales y notarías han provocado una explosión de solicitudes de servicios que dilatan excesivamente cualquier gestión, algo que engendra más burocratismo y  corrupción.

El ejercicio de la abogacía en Cuba es estrictamente controlado por el Estado. El abogado es siempre un empleado del Estado, al que debe completa sumisión laboral y política. Muchos abogados cubanos, en el último medio siglo, han perdido su trabajo, algo equivalente de facto a la anulación de sus títulos, por razones políticas. Algunos han cumplido prisión por motivo de conciencia y muchos otros se han visto obligados a la expatriación. Algunos abogados marginados se  agrupan en asociaciones independientes  que el gobierno se niega a reconocer legalmente.

cosanoalen@yahoo.com

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