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438_la-consultaSan Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) Dice la Constitución cubana, en su artículo primero, que el Estado cubano se encuentra organizado para el disfrute de la justicia social. Aunque es algo que es desmentido en múltiples oportunidades, no cesaré en el empeño de desmentirlo mientras los inmorales gobernantes de Cuba no desistan en hacer creer tal ignominia.

¡Sépanlo bien, dictadores, que mientras me quede un aliento de vida, mantendré en mi mano la pluma de la verdad para blandirla contra sus mentiras!

Partamos del principio de que la justicia sólo le debe obediencia nada más que a la justicia, y para que esto pueda ser posible, los tribunales que la abanderan deben erigirse sobre la base de la imparcialidad e independencia.

En este sentido, si analizamos la parte orgánica de nuestra Ley de Leyes, nos percatamos de que la subordinación de la justicia a los poderes del Estado es lo que la caracteriza.

¿Puede existir justicia en una sociedad donde los órganos encargados de impartirla están a merced de los designios de un dictador que tiene como patrimonio propio el monopolio de todos los poderes del Estado?

El sistema de justicia en Cuba se subordina por mandato constitucional a la Asamblea Nacional del Poder Popular (Poder Legislativo) y a su vez ésta es representada por el Presidente del Consejo de Estado, que es a su vez Presidente del Consejo de Ministros, o sea, el máximo representante también del Poder Ejecutivo.

¿Puede hacer algo la justicia cuando se encuentra encadenada por estos dos grandes poderes?

Fíjense si la justicia en Cuba carece de todo poder, que el dictador, también por mandato constitucional, puede darle a las leyes vigentes la interpretación que le venga en ganas, cuando lo estime conveniente.

Evidentemente, de esa manera el poder de la justicia se desvanece.

Pero es que hay un Poder inmensamente superior que hace más indefensa a la justicia: me refiero al Partido Comunista que en virtud al artículo 5 de la Constitución, constituye “la fuerza dirigente superior de la sociedad y del estado”, y casualmente, quien ostenta su máxima representación es precisamente, el dictador, jefe de Estado y de Gobierno.

Me atrevo a decir y eso para no ser absoluto, que más del 97 por ciento de los jueces en activo ostentan la condición de militantes del partido, lo que hace más dependiente aún a la justicia, pues éstos, por encima de ella y de las leyes, le deben obediencia a esta suprema organización impositiva y excluyente. Es por ello que constituye una gran ofensa hablar de justicia social en Cuba, pues como ya vimos los órganos de impartirla carecen de absoluta imparcialidad e independencia y cuando además la doctrina interpretativa de la justicia es impuesta, en última instancia, por un dictador.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand.


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