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Los Pinos, Arroyo Naranjo, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) El artículo 62 de la Constitución cubana nos muestra claramente que la libertad y el bienestar del pueblo no es del interés ni mucho menos para los gobernantes cubanos, al dar estos prioridad a los intereses del Estado, (intereses de los gobernantes) sobre la libertad y los intereses de los ciudadanos. Dice el precitado artículo: ” Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo dispuesto en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este precepto es punible”.

Ahora bien, esta supremacía de los intereses de una minoría (Estado) sobre los de una mayoría, no puede sostenerse sino por medio del uso de la fuerza y el ejercicio del poder físico por parte de esta minoría sobre quienes no compartan sus intereses. Ese instrumento para la coacción y el ejercicio de la fuerza lo constituye, el Código Penal, verdugo implacable de nuestro pueblo.

Si analizamos el Código Penal cubano, podemos ver a primera vista que se caracteriza, en una parte, por contener una gran gama de delitos que sancionan actos que de una manera u otra ponen en peligro los intereses del Estado o la integridad del mismo. Son sanciones extremadamente severas, que incluyen hasta la pena de muerte. Por otra, presentan un gran número de delitos, tan abiertos en sus definiciones, que sus sanciones se sustentan en interpretaciones subjetivas.

De esta manera el Código Penal cubano contiene una serie de preceptos que literalmente facultan al gobierno para detener y mantener en prisión a cualquier persona de manera arbitraria, en violación de los más elementales derechos humanos y éste es el caso de la figura del estado peligroso. El artículo 72 considera estado peligroso a la especial proclividad en que se haya una persona para cometer delitos y el artículo 75 prevé la situación de aquellas personas que sin haber realizado conductas que las coloquen en estado peligroso, por sus vínculos o relaciones con personas potencialmente peligrosas para la sociedad, puedan resultar proclives al delito.

Esto justifica y legaliza el hecho de que personas sean sometidas a régimen de vigilancia y hasta privadas de su libertad sin haber cometido delito alguno. Lo son, sólo por entender un tribunal, un agente de la policía o hasta un presidente del CDR, que puede constituir un peligro para la sociedad. Esto incluye como es lógico, el hecho de pensar diferente a los gobernantes.

Algo muy similar estipulaba el Código Penal de la Alemania Nazi a partir de la reforma del artículo 2, por la Ley del 28 de junio de 1935. En virtud de esto, en ausencia de una ley determinada que sea aplicable a un hecho, éste sería castigado conforme a la ley cuyo concepto básico se corresponda mejor. Eso es, que el juez que conozca de un hecho, puede franquear los límites de la ley escrita y convertir un hecho no punible, en un delito no contenido en la legislación penal vigente.

Para el gobierno dictatorial cubano, como para el nazi-fascismo, la justificación del castigo lo constituye el derecho que para sí tienen, de preservar los intereses del Estado, coincidentes con sus propios intereses.

El Código fascista Italiano, previó la pena de muerte para delitos contra la Seguridad del Estado. Así tenemos los que tipifican actos de atentado contra el jefe de gobierno, el rey, el príncipe heredero. La insurrección armada, los cometidos contra la seguridad exterior del Estado y otros.

De igual manera el Código Penal cubano prevé la pena de muerte para los delitos que atentan contra la seguridad del Estado. Así tenemos los delitos de actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado, promoción de acción armada contra Cuba, servicio armado contra el Estado, espionaje y otros.

Así mismo, como los enemigos de Hitler eran considerados enemigos del Estado, los disidentes políticos en Cuba son calificados también como enemigos del Estado. Sus actividades pacíficas tendientes a promover cambios, son consideradas por los gobernantes como actos contra la Seguridad del Estado o propaganda enemiga. Pueden por esto, ser condenados a muerte o a largas penas de privación de libertad.

Son muchos los hechos que pudiéramos mencionar que demuestran el carácter fascista del gobierno cubano, pero aunque sea uno, les comento.

Se trata del caso de Bárbaro Sevilla García, Lorenzo Copello Castillo y Jorge Luís Martínez Isaac, quienes fueran fusilados en un juicio sumario, ocho días después de que participaran en el intento de secuestro de una embarcación para escapar del país rumbo a los Estados Unidos de América, a pesar de que el hecho no produjo víctimas fatales ni heridos. Lo que perfectamente pudo ser visto como intento de robo, fue interpretado como un delito de terrorismo.

Hay quienes aún se interponen a los que se manifiestan pacíficamente en contra de las políticas de los sutiles gobernantes fascistas cubanos. Incluso se prestan a engrosar las turbas formadas para que cada domingo vayan a agredir y abusar a un grupo de mujeres indefensas cuyo único delito es, abogar por la libertad de todos.
Muchas gracias.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand


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