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Taxi rutero (Foto: Orlando Freire)

LA HABANA, Cuba.- La comidilla informativa por estos días en La Habana ha sido la inauguración de la Cooperativa Número 2 de Taxis Ruteros, compuesta por 65 vehículos que enlazan el Parque de la Fraternidad, en el corazón de la ciudad, con el municipio periférico de La Lisa.

Comoquiera que se trata de una cooperativa organizada desde “arriba”, el Estado se arroga el derecho de dirigir casi todas sus actividades, entre ellas la fijación de las tarifas que han de cobrarles a sus usuarios. Se trata de unas tasas que, al menos en teoría, deben de ser inferiores a las aplicadas por los trabajadores por cuenta propia (taxistas privados o boteros).

Precisamente, algunos de estos boteros pensaban que, con la puesta en circulación de este nuevo servicio, el Estado se había decidido a establecer una sana competencia con los choferes privados, y llegaría a su fin el asedio que estos últimos han sufrido recientemente, cuando las autoridades toparon las tarifas que aplicaban a la población, y dieron a conocer un número telefónico para que los usuarios denunciaran las “irregularidades” cometidas por los boteros. Al decir de muchas personas, “echaron a fajar a unos ciudadanos con otros”.

Sin embargo, la esperanza de los boteros acaba de desvanecerse tras las declaraciones de la señora Marta Oramas Rivero, viceministra de Transporte. Según publica el periódico Juventud Rebelde, la funcionaria explicó que la inauguración de la Cooperativa de Taxis Ruteros se inscribe en el contexto del reordenamiento del servicio de transporte que brindan hoy los taxistas privados, a los que “se piensa ponerlos en rutas y con precios preestablecidos, estos últimos aprobados hace unos meses por el Consejo de la Administración Provincial de La Habana, y para esto se les brindará un grupo de facilidades, entre ellas el acceso al combustible” .

Además, la Viceministra anunció que “en el último trimestre del año en curso comenzarán a funcionar piqueras para los boteros”.

Es decir, que los taxistas privados perderán la independencia que debe tener todo trabajador por cuenta propia. No podrán escoger el itinerario a recorrer, no podrán decidir qué cobrarles a los usuarios, y quizás tengan que marcar una tarjeta de entrada y salida en la piquera que les asignen. De hecho, casi se convertirán en trabajadores estatales.

Por supuesto, fue inmediata la reacción de varios taxistas privados al conocer las intenciones gubernamentales. Uno de ellos expresó que “es inconcebible que si el carro es de mi propiedad, yo no pueda fijar la tarifa de mi servicio. Además, me obligan a cobrar menos, pero no me bajan los impuestos que debo pagar, y si me fiscalizan la declaración jurada de mis ingresos, me pueden poner una multa de varios miles de pesos. Es un abuso, compadre”.

Otro botero apuntó que “nos quieren engatusar con facilitarnos el combustible, pero las reparaciones y los accesorios del carro siguen yendo por nosotros. Por ejemplo, una goma puede valer 120 dólares, una batería 200 dólares, y si se trata de reparar el motor, óigame, son hasta mil dólares. ¿Y usted cree que eso se puede costear con una tarifa topada, como quiere el Gobierno que nosotros cobremos, y que puede equivaler a 25 centavos de dólar por cada pasajero?”

Un análisis más profundo de la situación podría indicar que semejante presión contra los boteros se debe a que, en el fondo, ni el propio gobierno confía en las cooperativas que ha creado, y mucho menos en que puedan competir con los privados en igualdad de condiciones.

Ojalá que los boteros no se desestimulen y continúen en las calles. En caso contrario tal vez asistamos al regreso masivo de las bicicletas.


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