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Luisa Ortega (AP)

CARACAS, Venezuela.- La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, advirtió el martes que llegará “hasta donde se lo permita la ley” ante la posibilidad de ser enjuiciada por el Supremo y apuntó que podría estar cerrándose “la última puerta de la democracia” que es el Ministerio Público.

“Voy a llegar hasta donde me lo permita la Constitución y la ley, yo voy a avanzar hasta donde la legalidad me lo permita, no puedo hacer otra cosa que no esté establecida en las leyes”, dijo en una entrevista con la emisora privada Unión Radio y aseguró que está preparada “para todo”.

El pleno del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió hoy una solicitud para determinar si hay méritos para llevar a juicio a la fiscal general tras un conjunto de acciones que emprendió contra la alta corte, lo que podría implicar el cese temporal en sus funciones.

La funcionaria pidió a la sociedad estar alerta “porque es la muerte del derecho, la muerte del estado de derecho, la pérdida de las instituciones y quizás se está cerrando la última puerta que queda de la democracia que es el Ministerio Público”.

Dijo que en Venezuela este tipo de acciones como las iniciadas por dirigentes chavistas para llevarla a juicio no tendrían cabida si en el país se respetara la Constitución.

Señaló en este sentido que en Venezuela “se ha desmantelado el estado de derecho, se ha venido abajo, estamos más bien en un estado de terror”.

Reiteró que se opone a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que impulsa el presidente, Nicolás Maduro, un proceso contra el que ha introducido recursos legales ante el Supremo por considerar que su convocatoria se ha hecho de forma ilegal al no ser consultada antes al pueblo, amparos que han sido rechazados por la corte.

“Estoy segura que si al pueblo le preguntan en este momento (sobre la Constituyente) el 90 por ciento o más va a decir que no quiere”, dijo y agregó que está segura de que los ciudadanos prefieren que se resuelvan los problemas de salud, alimentación e inseguridad.

El pasado viernes el diputado chavista Pedro Carreño solicitó el antejuicio de mérito contra la fiscal ante el Supremo al considerar que Ortega ha incurrido en las faltas de “atentar, lesionar o amenazar la ética pública y la moral administrativa”.

También la acusó de “actuar con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución” y “violar, amenazar o menoscabar los principios fundamentales establecidos en la Constitución”.

La solicitud pidió, además, medidas cautelares de prohibición de salida del país para la fiscal y la congelación de sus bienes, las cuales “se encuentran en estudio”, informó el Supremo en su comunicado.

El TSJ indicó posteriormente en Twitter que la Sala Plena “se mantiene en sesión permanente” para discutir esas otras medidas.

El chavismo emprendió esta medida después de que la fiscal solicitara la impugnación de la elección de 33 magistrados del TSJ por supuestos vicios en el proceso de elección cometidos por el Consejo Moral Republicano, del que ella forma parte, y en coordinación con la Cámara, en ese momento en manos de oficialistas.

En los últimos dos meses Ortega además, ha emprendido varias acciones en contra de la convocatoria de elección de una Constituyente y ha condenado la actuación de los cuerpos de seguridad durante las manifestaciones antigubernamentales que empezaron hace 81 días y que han dejado 75 fallecidos.

(EFE)


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