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(Foto: miscelaneasdecuba.net)

LA HABANA, Cuba.- El Consejo de Ministros de Cuba aprobó extender de 10 a 20 años el periodo de posesión de las tierras entregadas en usufructo a personas naturales, que hasta septiembre pasado sumaban más de 1,9 millones de hectáreas, un 31 % de la superficie agrícola del país, informan hoy medios oficiales cubanos.

La vigencia del usufructo será prorrogable y, como nuevo requisito, los beneficiarios deberán trabajar y administrar de forma directa las “tierras ociosas” entregadas por el Estado cubano, según determinó el Consejo de Ministros en una reunión celebrada el jueves y encabezada por Raúl Castro.

El encuentro ministerial tuvo por objeto analizar “el desempeño de la economía cubana” en el primer semestre del año, según publican este viernes los diarios Granma y Juventud Rebelde.
El vicepresidente Marino Murillo, exministro de Economía y actual jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, destacó que en la actualidad la solicitud de tierras, una medida que se puso en práctica en 2008, es limitada.

Esto se debe, explicó, a que los terrenos aún disponibles son menos productivos por causas como la infestación de marabú (una planta no endémica e invasiva), la lejanía de los asentamientos poblacionales y servicios básicos o las dificultades para acceder a las fuentes de agua.

También se ratificó “que las tierras otorgadas en usufructo son propiedad intransferible del Estado y deben mantenerse en explotación, evitando un mal uso del suelo y la pérdida de su productividad”.

Otras novedades son que el usufructo de las tierras se cancelará si se detecta el empleo de financiación ilícita para su explotación y que se empezará a aplicar gradualmente el pago de impuestos previsto en la Ley por “uso, posesión y ociosidad de la tierra”.

El Consejo de Ministros aprobó además nuevas medidas que serán divulgadas próximamente por la prensa oficial para “mejorar la organización y el control” del trabajo por cuenta propia, ejercido en la isla por más de medio millón de personas.

La nota de Granma menciona que se han detectado “desviaciones” en ese sector como “la utilización de materias primas, materiales y equipos de procedencia ilícita”, incumplimientos tributarios e “imprecisiones e insuficiencias en el control”, entre otros.

El trabajo autónomo, aseguró Murillo, “confirma su validez como fuente de empleo, al tiempo que incrementa la oferta de bienes y servicios, con niveles aceptables de calidad”.

El Gobierno cubano estudió asimismo una actualización de la política de funcionamiento de las cooperativas en sectores no agropecuarios, otra de las formas de gestión no estatal impulsadas en los últimos años como parte de las reformas económicas que abandera Raúl Castro para actualizar el modelo socialista de la isla.

La prioridad será “consolidar las 429 cooperativas ya constituidas”, una vez que ratificado que este modelo de gestión constituye “una alternativa para liberar al Estado de la administración de actividades económicas, productivas y de servicios que no se consideren principales”.

Sin embargo, se ha comprobado que en las cooperativas privadas se dan también “desviaciones de la idea original para las cuales fueron creadas, así como falta de rigor y exigencia en el seguimiento, control y fiscalización y tendencia al incremento de los precios”.

Esas cooperativas se concentran en los sectores de comercio, gastronomía y servicios técnicos y personales, construcción, transporte e industria.

El informe económico sobre el primer semestre del año aprobado por el Consejo de Ministros de Cuba será presentado en la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento unicameral) el próximo 14 de julio, en la primera de las dos sesiones anuales que celebra ese organismo.

Cuba entró en recesión el año pasado al decrecer un 0,9 % su economía, lastrada por la crisis en Venezuela, país que envía petróleo subsidiado a la isla a la vez que compra servicios profesionales, fundamentalmente médicos y docentes.

También afectaron al país caribeño la caída de los precios de las materias primas en los mercados internacionales y la insuficiencia de las inversiones extranjeras, que no alcanzan el porcentaje requerido por el país caribeño para impulsar su economía nacional.

(EFE)


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