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14ymedio

La economista Karina Gálvez recibió este sábado la petición de la fiscalía en el proceso que se le ha abierto por el presunto delito de “evasión fiscal”. Según esta solicitud, la integrante del Centro de Estudios Convivencia (CEC) podría ser condenada a tres años de prisión domiciliaria y al decomiso de su vivienda, informó a 14ymedio.

“Un mensajero del Tribunal, en una moto, vino hasta la casa de mi madre para entregarme un documento que tuve que firmar como recibido”, cuenta. “El papel, enviado por el Tribunal Municipal de Pinar del Río, detalla que el fiscal ha arribado a unas conclusiones acusatorias provisionales”.

La fiscalía pide "tres años de privación de libertad subsidiados por igual período de limitación de libertad”. Esta última variante incluye que no pueda viajar al extranjero, necesite informar a las autoridades cuando vaya a salir de provincia y esté obligada a tener un vínculo laboral.

La acusación exige además el decomiso de la vivienda que Gálvez adquirió tras las flexibilizaciones para la compra y venta de casas impulsadas por el Gobierno de Raúl Castro a finales de 2011.

En los próximos cinco días hábiles su abogado presentará su alegato para pedir la absolución o una pena menor. “A partir de esta comunicación, mi abogado tendrá acceso por primera vez al expediente de la causa”, cuenta la economista.[[QUOTE:Otros miembros de la revista Convivencia han sido citados por la policía y han recibido advertencias, entre ellos el director de la publicación, Dagoberto Valdés]]

Sin embargo, ni el abogado ni la acusada han sido informados aún de la fecha en que se realizará la vista oral.

En enero pasado Gálvez fue detenida y conducida a la sede de la Seguridad del Estado donde pasó seis días bajo arresto. La policía efectuó un registro en su vivienda y desde ese momento la casa quedó bajo investigación y está precintada, lo que impide el acceso para la propietaria ni su familia.

La economista vive una escalada de presiones por parte de las autoridades desde que en diciembre pasado fue citada al Departamento de Inmigración y Extranjería (DIE), donde la cuestionaron sobre sus viajes fuera de Cuba.

Otros miembros de la revista Convivencia han sido citados por la policía y han recibido advertencias, entre ellos el director de la publicación, Dagoberto Valdés, a quien en octubre pasado un oficial dijo que “a partir de hoy" su vida será “muy difícil".

En medio de esta ola de presiones los integrantes del CEC, que organiza cursos de formación para la ciudadanía y la sociedad civil, publicaron una declaración de compromiso con su trabajo en la Isla. "No nos vamos de Cuba, no nos vamos de la Iglesia y seguiremos trabajando por el país".


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