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Manifestantes opositores se enfrentan a agentes de la Guardia Nacional Bolivariana en rechazo a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, en la Plaza Altamira de Caracas (EFE)

MIAMI, Estados Unidos.- A pocas horas de conocerse lo que ya era previsible, la “abrumadora” votación de los que en Venezuela apoyan la instalación de la Constituyente que reformará la actual Carta Magna legada por Hugo Chávez, los temores que se alertaban van tomando consistencia. Las primeras evidencias se aprecian en las frases y posturas de los eufóricos triunfadores. También por las irregularidades de un proceso cargado de actos represivos, muertes y violencia.  Y el primer indicio llegó con un detalle que para muchos pasó como otro “chiste” grotesco del acontecer bolivariano. Se trata del instante en que el mandatario de la nación da fe de su identidad con el carné que la demuestra y en la máquina de comprobación aparece un mensaje que deja en mala postura a la encargada de la verificación identitaria: la persona relacionada no aparece en el registro. La explicación de que Maduro había llevado una identificación caducada, lejos de justificar el acto, destapa el alcance de lo que para muchos denuncian como un enorme fraude.

Que la mesa dirigida por la conocida Tibisay Lucena haya contabilizado 8 millones de votantes, a pesar de la poca afluencia que se observaba en los colegios electorales, algo que sí pudo verse en la consulta convocada por la oposición y que arrojó algo más de 7 millones, es un dato difícil de verificar. El resultado con el que el oficialismo pretende dar una imagen de predominio pierde credibilidad no solo por la imposibilidad de comprobación. El cierre de las mesas sin previo anuncio, la falta de testigos, auditores entre otras, conforman la sumatoria de irregularidades que restan fiabilidad a la victoria proclamada. Pero el problema va más allá de la diferencia numérica de asistentes. Cuentan también las actitudes. Por ejemplo, aquella en la que el gobierno en la voz de sus principales dirigentes pidió revisar “nómina en mano” la participación de los empleados públicos en la elección de la Constituyente. “Todas las empresas, todos los trabajadores, con la nómina en mano, llamando uno por uno, esta semana y el día de la votación, a uno por uno. ¿Ya votaste? ¿Ya ejerciste tu derecho al voto? Muy bien.”  Dijo el mandatario asegurando que pondrá en marcha un mecanismo de verificación participativa denominado “4X4” que incluirá llamadas a beneficiarios de programas sociales, personas inscritas en registros gubernamentales y trabajadores del sector privado.

El elemento de presión que denota la ausencia de garantías para una votación que quiere ser presentada como un ejercicio democrático y plural, se hace comprensible desde la realidad de miles de chavistas que sin renunciar a seguir siendo identificados como simpatizantes del movimiento bolivariano fundado por el extinto presidente, han pasado a ser de críticos de su heredero político a disidentes abiertos, un caso que tiene el rostro emblemático en la fiscal Ortega y su compañero. La escasez y los problemas de inseguridad acumulados en estos años dieron una vista nada agradable de asimilar para los maduristas cuando las urnas opositoras del pasado julio lograron congregar multitudes en bastiones del chavismo. Las grandes colas en esa ocasión en Catia o en la Candelaria, contrastan ahora con la concurrencia escasa constatada por medios internacionales en el voto por la constituyente.

Los chavistas disidentes alegan su desacuerdo ante las diferencias de esta Constituyente con la reforma constitucional emprendida por Chávez y que saltan a la vista, al menos en sus formas. La de 1999 escogió a los candidatos mediante el voto secreto, directo y universal. Los chavistas lograron en aquella ocasión aproximadamente un 66 por ciento de los votos. La de Maduro pasa por alto la voluntad popular proclamada en la Carta elaborada por Chávez, mandato único con capacidad reconocida para convocar una Asamblea Constituyente. Otra diferencia es la representación territorial sin tener en cuenta la relación entre población y representantes, todo para lograr mayor poder del voto madurista, independientemente que este sea inferior en número al de los opositores. Finalmente, la promesa refundadora del Estado decretada por Chávez a partir de la formulación de una democracia participativa queda suplantada por el llamado “pacto social por la paz” enunciado por Maduro. Un pacto que ya apunta a terminar con las protestas, disolver al parlamento mayoritariamente opositor sustituyéndole por adeptos y fieles al gobierno, así como terminar con la independencia que aún existe entre poder y justicia. Puntos prioritarios que tienen como objetivo final perpetuar el actual sistema.

Y mientras el escenario se montó de manera consciente siguiendo el guion efectista de los símbolos históricos (la coincidencia de un 30 de julio con el bautizo de Bolívar en 1783 y la elección de Hugo Chávez en el 2000) la oposición venezolana se prepara para una lucha que se avista dura y difícil. Tienen la ventaja por ahora del apoyo internacional que por suerte no queda restringido al dictado estadounidense. México, Canadá, Uruguay, Chile, la UE y partidos cono el PSOE, han declarado su oposición a la Constituyente con la que se trata de cerrar las puertas democráticas en la nación bolivariana. O al menos cambiar el sentido en el que abren. La gente común, esa que el régimen madurista afirma le sigue y agradece, busca emigrar de cualquier manera a los países vecinos. Los ricos y los que tienen recursos lo hacen vía área hacia Miami, Europa o Buenos Aires. Los pobres llenan los puntos fronterizos reforzados por estos días en Colombia y llamativamente en los de Ecuador, un hermano del ALBA que ha visto incrementar la oleada de emigrantes procedentes de su vecino aliado.


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