We run various sites in defense of human rights and need support in paying for servers. Thank you.


Cubaverdad on Twitter

Muchos en la Isla y en el mundo critican el "sistema electoral" del país por la falta de partidos que representen una pluralidad de posturas políticas y una diversidad de opciones para los electores. Sin embargo, en Cuba, según dice la Constitución vigente, el verdadero poder emana del pueblo, que constituye las asambleas del Poder Popular a nivel municipal, provincial y nacional.

En el caso de las asambleas municipales, el pueblo nomina a sus representantes directamente, en reuniones barriales, y no hay límite para las proposiciones. Los únicos requisitos para ser nominado son ser mayor de 16 años y hallarse en pleno goce de los derechos políticos, de acuerdo con el capítulo XIV de la Constitución, referido al sistema electoral. Luego de realizadas las propuestas, se procede a la votación a mano alzada para determinar quién será el candidato o candidata a delegado, cuyo nombre estará en las boletas el día de las votaciones. Estas se llevan a cabo de manera directa y secreta.

¿Qué importa que solo exista un partido político legal, si este no es electoral, no nomina ni promueve candidatos y, sobre todo, si el pueblo elige directamente a sus representantes?, suelen preguntar los defensores de este sistema.

Muchos dirán que después solo el 50% de los delegados a las asambleas provinciales y la nacional se constituye con estos representantes elegidos directamente por el pueblo. El otro 50% es nominado por la Comisión Electoral Nacional. Sin embargo, consideran los defensores, nadie puede negar que al menos en esa primera fase, en la que el pueblo elige a quienes los representarán en las asambleas municipales, el proceso "no podría ser más democrático".

"Todos los ciudadanos con capacidad legal para ello tiene derecho a intervenir en la dirección del Estado directamente o por medio de sus representantes elegidos para integrar los órganos del Poder Popular..." (Artículo 133 de la Constitución). La ley es clara al respecto.

Por tanto, ningún candidato no afín al Gobierno podría decir que la Ley Electoral vigente le impide aspirar a la candidatura para ser delegado del Poder Popular de su circunscripción. Si la Ley Electoral vigente y la Constitución establecen que todos los ciudadanos mayores de edad y en pleno goce de sus derechos políticos pueden ser elegidos para desempeñar dicho cargo, quien intente impedir la nominación de cualquier ciudadano viola la Ley y la Constitución.

El primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó recientemente que el Gobierno estaba dando los pasos necesarios para desacreditar a "esos candidatos", refiriéndose a las ciudadanas y ciudadanos que disienten del Gobierno y aspiran a ser delegados de circunscripción.

Díaz-Canel no aclaró qué pasos, pero su afirmación va contra el espíritu de los estándares internacionales, cuyo objetivo es la transparencia de los procesos electorales, específicamente el referido a la "no intimidación e influencia indebida". Dicho estándar plantea que el electorado debe ser libre y creer que es libre para tomar decisiones políticas sin intimidación, soborno, influencia indebida o temor a represalias por su voto.

Pero al parecer, los pasos necesarios para desacreditar a los candidatos independientes no son suficientes y son varios los aspirantes que no han podido ser postulados ni autopostularse (posibilidad totalmente legal, de acuerdo a la ley). Algunos no han podido ni siquiera participar en las asambleas de nominación.

Los agentes de la Seguridad del Estado?han presionado, amenazado o detenido por delitos inexistentes, a aspirantes a la candidatura que no se identifican con el Gobierno ni con el Partido Comunista; llegaron incluso a retener a uno de estos ciudadanos en su vivienda con el pretexto de una conjuntivitis que ya había desaparecido. Estos agentes, que claramente han violado la Ley Electoral y la Constitución, los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, lo han hecho con absoluta impunidad.

Según el primer vicepresidente, permitir la presencia de estos ciudadanos en las asambleas municipales del Poder Popular sería "legitimar dentro de nuestra sociedad civil a la contrarrevolución". Tal afirmación evidencia que el Gobierno solo está dispuesto a permitir la existencia de una sociedad civil que pueda controlar.

Pero en su temor de legitimar a esta parte del pueblo, a la cual llama "contrarrevolución" por no ser afín al Gobierno, el primer vicepresidente pierde la oportunidad de legitimar las elecciones que la propaganda oficial anuncia como "un ejemplo de verdadera democracia".

El planteamiento del primer vicepresidente y las acciones de los agentes de la Seguridad del Estado demuestran además falta de confianza en el pueblo y en su "voluntad de dar continuidad" a la Revolución cubana y a las ideas de Fidel Castro. ¿Por qué no dejar que los ciudadanos no afines al Gobierno y al Partido se autopostulen en las asambleas de nominación, y que el pueblo les niegue su voto, lo que los dejaría fuera de las boletas electorales y sin posibilidad de queja, pues su falta de popularidad y liderazgo estaría más que demostrada?

¿A qué teme el primer vicepresidente, a qué teme el Gobierno? ¿Les preocupa que algunas comunidades estos ciudadanos se conviertan en candidatos y ganen las elecciones municipales? ¿Les asusta que en alguna Asamblea Municipal del país esté representada esa diversidad política que insisten en negar? ¿Les asusta tanto esa posibilidad como para "dar pasos necesarios" y violar lo establecido en la Constitución y la Ley Electoral vigente?

Quedan aún asambleas de nominación por delante, lo que significa nuevas oportunidades para quienes aspiran a convertirse en delegados de circunscripción sin ser partidarios del Gobierno. También significa que el Gobierno tiene nuevas oportunidades de actuar de acuerdo a las leyes y a la Constitución, y respetar los derechos de cubanas y cubanos a ser elegidos y a elegir. Los ciudadanos y ciudadanas no alineados con el Gobierno y el Partido han demostrado su disposición para actuar dentro del marco legal.

Al final de este proceso electoral, el Gobierno puede, ya que cuenta con la fuerza para ello, lograr que ningún disidente llegue a las boletas electorales, e incluso que ninguno obtenga su postulación en las asambleas. Pero lo logrará con el enorme costo político de tener que recurrir a violar sus propias leyes.


Go to article


Go to Source Site

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *