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Miguel Díaz-Canel, Primer Vicepresidente cubano y Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Año 2016 (granma.cu)

LA HABANA, Cuba.- El Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC), primero entre la Unión Europea (UE) y Cuba, entró en vigor el pasado 1 de noviembre, provisionalmente hasta que los parlamentos de Cuba y los 28 estados miembros de la UE lo ratifiquen. La comunidad europea es uno de los principales socios comerciales de Cuba, aunque no hay régimen preferencial, el principal inversor y el tercer emisor de turistas.

La participación de la UE podría estimular, dentro de un país tan cerrado como Cuba, el flujo de ideas y conocimientos; aportar especialistas, entrenamientos y tecnologías para recapitalizar y fomentar el desarrollo nacional en sectores fundamentales como la agricultura, la industria, las infraestructuras turística, hidráulica y aeroportuaria; disminuir la precariedad en los campos y poblados mediante proyectos de sostenibilidad, así como continuar el incremento de la llegada de turistas.

Los documentos bilaterales firmados por casi todos los miembros de la UE, la cancelación de la mayor parte de la deuda acumulada desde 1986 en el marco del Club de París, la utilización de los pagos pendientes en inversiones de las empresas de los respectivos países en Cuba, las jornadas culturales, la contribución a proyectos artísticos y de cuentapropistas, el incremento de los intercambios con universidades, centros de investigación e instituciones médicas, agrícolas, y otras, han conformado las bases para el avance del ADPC.

Los Derechos Humanos tienen que mantener la prioridad de la UE para contribuir a su observancia, y continuar la atención a los integrantes de la sociedad civil independiente. La UE y el gobierno de Cuba establecieron un diálogo informal regular en derechos humanos en 2015. Tres encuentros se efectuaron desde entonces, copresididos por Staros Lambrinidis, representante especial de la UE para derechos humanos, y Abelardo Moreno, viceministro MINREX.

Las relaciones diplomáticas entre la Unión Europea y Cuba se establecieron en 1988. La llamada Posición Común, rechazada por el gobierno cubano, estuvo vigente entre 1996 y 2016, cuando fue derogada al suscribirse el ADPC. Una oficina de representación fue abierta en La Habana en 2003, coincidiendo con las negociaciones de un acuerdo de cooperación, que sucumbió por la condena de la UE y la mayor parte de la comunidad internacional a la oleada represiva de marzo, que llevo a prisión a 75 pacíficos cubanos, sometidos a juicios sumarísimos a principios de abril con condenas de hasta 28 años, y el fusilamiento de 3 jóvenes por haber intentado secuestrar un pequeño barco sin que hubiera hechos de sangre. Las relaciones se tornaron muy tensas.

Raúl Castro sucedió a su hermano el 31 de julio de 2006, y fue confirmado como presidente de los Consejos de Estado y de Ministros en 2008, cuando comenzó la eliminación de “prohibiciones absurdas”, una limitada apertura económica y procuró mejorar la imagen internacional del gobierno. La Unión Europea expresó su disposición de iniciar el diálogo, que fue aceptado por las autoridades cubanas, y ese año elevó su representación a delegación (embajada).

Las negociaciones para el ADPC se empezaron en abril de 2014 y concluyeron el 11 de marzo de 2016. Después de la aprobación por el Consejo de la UE, fue firmado oficialmente el 12 de diciembre de 2016 por Federica Mogherini, vicepresidenta de la UE, y Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, y el Parlamento Europeo lo aprobó el 5 de julio de 2017.

El ADPC abarca el diálogo político, que incluye derechos humanos, pequeñas armas y desarme, migración, drogas, lucha contra el terrorismo, desarrollo sostenible, y acción conjunta en los foros multilaterales como ONU y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC); la cooperación y el diálogo sobre política sectorial, que abarca derechos humanos, gobernanza, sociedad civil, desarrollo social y económico, medio ambiente y cooperación regional; y comercio y cooperación comercial, con principios del comercio internacional y la cooperación en aduanas, facilitación del comercio, normas y estándares técnicos, comercio sostenible e inversión. La UE considera que el acuerdo provee un marco para acompañar el proceso de reforma en Cuba.

La cooperación para el desarrollo se reanudó en 2008. Hasta 2014 la UE destinó 90 millones de euros, y entre 2014-2020 otros 50 millones de euros, para apoyar el desarrollo de agricultura sostenible y seguridad alimentaria, medio ambiente y el mejor uso de recursos naturales claves para el desarrollo sostenible, asi como para la modernización económica y social sostenible. Adicionalmente, se situaron 5 millones de euros para apoyar a los grupos de población vulnerable y proyectos culturales implementados por organizaciones locales. Otros programas atienden el desarrollo local urbano, el sector hidráulico, la cooperación en educación superior y mediante Erasmus+.

Desde 1993 más de 94 millones de euros fueron entregados en ayuda humanitaria para apoyar a la población afectada por los desastres naturales. Después del huracán Irma, en septiembre de 2017, la UE ha suministrado 1.6 millones de euros en asistencia humanitaria para unas 25 000 personas más vulnerables en las áreas más afectadas.

La política proactiva de la Unión Europea, Japón, Canadá, Estados Unidos y otros países puede contribuir a la apertura en la presente etapa definitoria de progreso o retroceso en Cuba. Lamentablemente, la actual administracion norteamericana está revirtiendo los avances para beneficio de ambos pueblos y países, comenzados en 2009.


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