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14ymedio

El Tribunal Provincial de Pinar del Río ratificó la condena de tres años de privación de libertad contra Karina Gálvez dictada en septiembre pasado. La economista fue informada este miércoles de la sentencia en apelación y deberá pasar el tiempo de reclusión bajo “limitación de libertad” en el domicilio de su madre.

El Tribunal también ratificó la confiscación de la vivienda de Gálvez que funcionaba además como espacio para las actividades del Centro de Estudios Convivencia (CEC) en Pinar del Río. La activista calificó esta decisión de "injusta" pero aseguró a 14ymedio que la esperaba.

Este jueves Gálvez recibió una citación para presentarse ante el juez el próximo 21 de noviembre a fin de “ser instruida de las obligaciones y restricciones que se han dispuesto”.

En esa ocasión el juez informará a la activista las condiciones bajo las que cumplirá su condena. Por el momento, el Tribunal se pronunció porque los tres años de prisión sean “subsidiados por limitación de libertad”, por lo que no tendrá que entrar a un penitenciario.“En la citación dice que debo auto gestionarme el empleo pero todavía no sé si puede ser por cuenta propia”, explica la economista. 

El proceso contra Gálvez se inició el pasado 11 de enero cuando fue detenida durante una semana en la Dirección Técnica de Investigación Criminal de la provincia y su casa fue sellada por la policía. La economista fue procesada por el delito de “evasión fiscal” durante la compra de una vivienda.[[QUOTE:Con la ratificación de la condena, Gálvez también tiene restringida "la expedición de pasaporte y salida del territorio nacional"]]Tras el juicio, el inmueble quedó a disposición de la Dirección Municipal de Vivienda, subordinada al Consejo de la Administración del Municipio de Pinar del Río.

Con la ratificación de la condena, Gálvez también tiene restringida "la expedición de pasaporte y salida del territorio nacional hasta que hayan sido extinguidas las sanciones impuestas", por lo que no podrá viajar al extranjero.

La economista denunció en los últimos meses una escalada de presiones por parte de las autoridades, que incluyeron numerosos interrogatorios en el Departamento de Inmigración y Extranjería de la provincia, donde indagaron sobre las motivaciones de sus viajes fuera de la Isla.

Otros miembros del CEC han sido citados por la policía y han recibido advertencias, entre ellos el director de la publicación, Dagoberto Valdés, a quien en octubre pasado un oficial dijo que desde ese momento su vida será "muy difícil".

El CEC organiza cursos de formación para la ciudadanía y la sociedad civil y en una reciente declaración pública sus miembros aseguraron que no se irán de Cuba ni de la Iglesia católica y que seguirán "trabajando por el país".


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