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Asamblea general de la ONU (laregioninternacional.com)

LA HABANA, Cuba.- La corrección del voto en la ONU, el 1 de noviembre, por parte del Gobierno de Estados Unidos respecto a la resolución que pide el fin del embargo a Cuba, hay que observarla como lo que es: un acto meramente simbólico.

En realidad, la decisión de rechazar la medida en contraste con la abstención del pasado año, solo sirve como terapia emocional.

Más allá de esas fronteras no hay nada relevante que esperar.

El fin de la dictadura poco o nada tiene que ver con un embargo que ha demostrado su ineficacia ni tampoco con tentativas de deshielo tal y como lo hizo el anterior inquilino de la Casa Blanca.

Para dejar atrás la disfuncionalidad de una política que viene aplicándose desde los albores de la década del 60 del siglo XX, es necesario el apoyo irrestricto, es decir no solamente con votos sino con acciones similares, de los principales países del orbe, entre ellos los que integran la Unión Europea.

Sin embargo, a la luz de los acontecimientos, eso es pura utopía.

El bloque de países del Viejo Continente acaba de poner en vigor, y vaya causalidad, también el 1 de noviembre el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con el régimen de La Habana.

Un hecho que viene a corroborar su oposición al desplante como el ocurrido en 1996, cuando se aprobó la llamada Posición Común, impulsada por el expresidente español, José María Aznar y que vinculaba la cooperación con Cuba a “mejoras en los derechos humanos y libertades fundamentales”.

El rol que apuesta por un acercamiento ya no tan crítico, a pesar de la conservación de los mismos patrones represivos que, dicho sea de paso, vulneran casi todos los artículos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, condena a la nulidad los intentos de doblegar a la élite verde olivo mediante el entorpecimiento de sus transacciones económicas internacionales.

Ante esta realidad, la ley Helms-Burton que codifica el embargo a la Isla, y que de acuerdo a sus promotores lo recrudecería, ha mostrado su incapacidad para impulsar un cambio en las estructuras del socialismo cuartelero que al parecer estará entre los más perdurables, con 58 años de trayectoria ininterrumpida y las amplias probabilidades de que rebase las seis décadas de existencia.

La referida legislación falla en sus propósitos, tanto por su soledad entre el concierto de naciones que la rechazan de plano como en el modo de aplicarla.

Por ejemplo, el controvertido Título III que permite a todos los estadounidenses entablar un litigio civil en las cortes contra aquellos que trafiquen o beneficien de las propiedades confiscadas, ha sido suspendido por todos los presidentes que han pasado por la Casa Blanca, desde Bill Clinton hasta Donald Trump.

Por cierto, la empresa puertorriqueña Rimco, distribuidora oficial de la norteamericana Caterpillar, acaba de recibir la aprobación de Cuba para instalarse en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM).

La nota, y valga la redundancia, fue difundida el 1 de noviembre.

Las evidencias fuerzan a abandonar las ilusiones en relación a la eficacia de la política dura para promover un cambio de régimen, aunque las blandas tampoco inspiran confianza, a no ser a muy largo plazo.

En medio de todo este ir y venir de crispaciones y connivencias, el Gobierno cubano vuelve con nuevos bríos a las trincheras y la gran mayoría del pueblo a sus habituales simulaciones de fidelidad a los mandamases, hasta ver si consiguen escapar.

En esos trajines transcurre el tiempo sin que se avizore un destello de luz al final del túnel.

El voto negativo de Estados Unidos en la ONU no nos acerca a la solución del entuerto nacional, como predicen algunos.

Se trata, si acaso, de una leve pausa en la voluntad continuista del totalitarismo.


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