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Cubanos esperando a sus familiares y amigos en las afueras de la Terminal 2 del Aeropuerto José Martí de La Habana, adonde históricamente arriban los vuelos de Miami, la mayor comunidad de exiliados de la isla (Archivo)

LA HABANA, Cuba.- A los gobernantes cubanos les cuesta trabajo reconocer la existencia de exiliados en el universo de nuestros compatriotas que residen fuera de la isla. Según el discurso oficialista, casi todos los cubanos que han abandonado el país lo han hecho por motivos económicos, y por tanto clasifican como emigrados.

Sin embargo, semejante razonamiento ignora un elemento esencial: lo que define la condición de una persona que vive fuera de su país no es el motivo por el que haya salido, sino la posibilidad o no de regresar. Y, evidentemente, no son pocos los cubanos de la diáspora a los que el castrismo les impide la entrada en la isla.

Las nuevas medidas migratorias anunciadas por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla intentan ofrecer la imagen de una nación que solo cuenta con emigrados más allá de sus fronteras. Mediante un “generoso” acto de apertura se ha decidido eliminar la habilitación del pasaporte para los viajes a Cuba de los emigrados cubanos. Se dice que esa disposición beneficiará a 823 mil cubanos, quienes solo necesitarán su pasaporte válido y vigente para viajar a la isla.

Hasta ahora los cubanos de la diáspora debían acudir a un consulado cubano para habilitar su pasaporte. Era el momento en que se le negaba la entrada en la isla a cualquier persona que le resultara políticamente incómoda al castrismo. Al desaparecer el trámite de la habilitación del pasaporte, al menos en teoría,  todos los cubanos de la diáspora podrían regresar a su patria.

Pero, por supuesto, todos sabemos que la realidad no se comportará de esa manera. En algunas aclaraciones aparecidas en el periódico Juventud Rebelde (“Mientras  Estados Unidos cierra, Cuba abre”, edición del domingo 29 de octubre), tras afirmarse que las nuevas medidas no beneficiarán a los que salieron ilegalmente por la Base Naval de Guantánamo, se asevera que “también se mantiene como inadmisible el regreso de narcotraficantes, ejecutores de tráfico de personas y otros de delitos internacionales o de quienes han atentado contra la seguridad del país y practicado el terrorismo contra el pueblo cubano y sus instalaciones”.  Todo muy claro: la línea que dice “quienes han atentado contra la seguridad del país” se refiere a los exiliados.

Lo único que cambiará será el lugar donde se prohíba la entrada al país. Si antes eso ocurría en los consulados cubanos en el exterior, es probable que en lo adelante eso suceda en los propios aeropuertos cubanos.

Una fuerza conjunta formada por la Aduana, la Dirección de Inmigración del Ministerio del Interior, y la Seguridad del Estado, chequearían la identidad de los recién llegados, e impedirían el acceso al país de aquellos que se opongan activamente al castrismo. Podrían hasta fletarlos de regreso en el mismo avión que los había traído.

Tampoco se debe obviar el trasfondo económico que contiene esta “apertura” migratoria anunciada por las autoridades cubanas. La maquinaria del poder necesita desesperadamente los dólares, euros y otras monedas convertibles que traerían los cubanos de la diáspora. Así piensan compensar  la probable merma de visitantes norteamericanos a raíz de la nueva política hacia Cuba anunciada por el presidente Donald Trump.

Entonces el amor no sería tanto hacia los emigrados en sí, sino hacia la pacotilla que traerían en sus bolsillos.


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