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14ymedio

Dagoberto Valdés, director del Centro de Estudios Convivencia (CEC), no pudo abordar el vuelo de la tarde de este miércoles entre La Habana y Miami. En el Aeropuerto Internacional José Martí un oficial de Inmigración y Extranjería le confirmó que está "regulado" y no puede salir del país, según informó el laico católico a 14ymedio.

"No me dieron razones pero me devolvieron rápidamente las maletas porque no podía viajar" cuenta Valdés, quien estaba invitado a participar en la V Semana Social Católica en Florida.

"Hace pocos días fue a renovar mi pasaporte en la Dirección de Inmigración y Extranjería de Pinar del Río y pregunté si no tenía ninguna limitación para salir del país. La respuesta fue que podía viajar sin problemas", contó Valdés tras su salida del aeropuerto.

En el Sistema Único de Identificación Nacional (SUIN), que se utiliza como una base de datos con los detalles de los residentes en el país, el director del CEC aparece como alguien que no puede salir al exterior.

Sí pudo abordar el vuelo a Miami Yoandy Izquierdo, otro miembro del CEC que estuvo "regulado" por casi tres meses hasta que a mediados de enero pasado recibió una llamada de la Dirección de Inmigración y Extranjería (DIE) para comunicarle que ya podía viajar fuera del país.

Ayer #17enero2018 recibí llamada telefónica de Oficina de #Inmigración en #PinardelRío #Cuba para informarme que ya no estoy "regulado". pic.twitter.com/4bfz6DMg6m

— Yoandy Izquierdo (@YoandyIzquierdo) 18 de enero de 2018

Rosalia Viñas Lazo, diseñadora y editora del CEC, también recibió el pasado diciembre una prohibición de salida de la Isla.

Las restricciones para que activistas viajen a participar en eventos fuera de la Isla han aumentado en el último año. Junto a los arrestos arbitrarios, las amenazas y la confiscación de bienes de trabajo, la negativa de salida forma parte de las herramientas represivas del Gobierno, según han denunciado organizaciones independientes como la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.

En enero de 2013 el Gobierno de Raúl Castro aprobó una reforma migratoria que derivó en una amplia presencia de disidentes cubanos en reuniones y foros internacionales. Con el tiempo, un número creciente de opositores ha sufrido limitaciones para cumplir con las invitaciones que habían recibido y aceptado.

Secuestros policiales camino al aeropuerto, "regulaciones" de salida, causas judiciales que impiden al activista salir del país y amenazas de represalias si se "porta mal" en el extranjero son algunas de las presiones que han denunciado los activistas relacionadas con la salida del país.

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