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14ymedio

La sede de la Asociación Jurídica Cubana (Ajudicuba) fue objeto de un registro policial en la barriada de La Víbora, en La Habana, durante la mañana de este martes. Los agentes incautaron numerosos útiles de trabajo y el abogado Wilfredo Vallín ha sido acusado de un delito de "enriquecimiento ilícito", según informó éste martes a 14ymedio.

"Cerca de las siete de la mañana llamaron a la puerta", cuenta a este diario Vallín, presidente de Ajudicuba. "Eran dos hombres de la Seguridad del Estado, uno de ellos que conocemos porque atiende a la Asociación, y me informaron de que tenían un operativo en los bajos del edificio para hacer un registro en la casa".

Al frente del operativo de la policía, conformado por siete agentes, se encontraba un oficial con grado de mayor y que se identificó como José Luis. "Primero registraron los libros de la biblioteca y después el archivo con los expedientes de los casos en los que hemos trabajado", agrega.

Al registro se agregó una mujer, con bata blanca, que fue la encargada de escribir en un listado todos los objetos que fueron incautados. "Las dos testigos que trajeron viven en la misma cuadra y estaban un poco apenadas de tener que participar en el registro".[[QUOTE:El oficial al mando mostró especial molestia por la asesoría que Ajudicuba brindó a la campaña #Otro18 durante las elecciones del Poder Popular a finales del pasado año]]Los policías aseguraron que los miembros de la Asociación están cometiendo un delito al "ejercer su profesión sin una autorización del Estado". Los efectivos insistieron en que el trabajo de los juristas independientes "no podía continuar".

El oficial al mando mostró especial molestia por la asesoría que Ajudicuba brindó a la campaña #Otro18 durante el proceso para postular candidatos independientes en las elecciones del Poder Popular a finales del pasado año. "Están muy molestos porque les explicamos los detalles de la Ley Electoral", cuenta el abogado.

El registro terminó pasado el mediodía y los policías incautaron papeles, documentos, expedientes de casos que asesora legalmente Ajudicuba, memorias USB, una impresora y cuatro laptops, entre ellas "una rota", así como 1.000 CUC, precisa Vallín.

El abogado fue conducido en una patrulla policial, sin esposar, hasta la estación de las calles Aguilera y Lugareño en Lawton, donde le comunicaron que iba a ser procesado por un supuesto delito de "enriquecimiento ilícito".

"La impresión que tengo cada vez que converso con la policía política es que sus procedimientos no tienen nada que ver con la ley, porque la ley no se ha hecho para que ellos la cumplan", opina Vallín.

"Ellos pueden hacer cualquier cosa y se sienten por encima de la legalidad", algo que en su opinión está dado "por la estructura del sistema [en el] que no existe la división de poderes" y hay "una gran subordinación al poder ejecutivo".[[QUOTE:En el pasado los miembros de Ajudicuba ya habían tenido que tratar con varias prohibiciones de viaje para salir de la Isla]]Vallín asegura que esta es "la primera vez" que la policía efectúa una intervención de este tipo contra un miembro de Ajudicuba, pero informa de que en el pasado ya habían tenido que tratar con varias prohibiciones de viaje para salir de la Isla.

"La última vez que fui a salir del país en el aeropuerto me negaron la salida y no pude abordar el avión", precisa.

Los registros policiales contra activistas han sido sido una práctica represiva frecuente en Cuba, junto a los arrestos arbitrarios, las confiscaciones de medios de trabajo y las prohibiciones para salir del país.

A inicios de este mes un registro policial en la galería independiente El Círculo de La Habana, gestionada por la activista Lia Villares y el pintor Luis Trápaga, terminó con la incautación de computadoras, cámaras de fotos y video, varios discos duros, memorias USB y teléfonos celulares.

El pasado año, el líder del Movimiento Somos+, Eliécer Ávila, sufrió también un registro policial en su vivienda después de una protesta que llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana contra la Aduana por la confiscación de varias pertenencias tras su regreso de un viaje a Colombia.

Ávila fue acusado de "actividad económica ilícita y receptación" pero la causa fue sobreseída en agosto de 2017.

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