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LA HABANA, Cuba.- En la calles de La Habana muy pocas personas recuerdan o han escuchado hablar de la Ofensiva Revolucionaria, declarada por Fidel Castro durante un discurso pronunciado el 13 de marzo de 1968. Aquel proceso nefasto que perseguía radicalizar al extremo la revolución cubana, pasó de la nacionalización de los latifundios a una arremetida contra los pequeños negocios y sus propietarios, definidos por Fidel como “…holgazanes, en perfectas condiciones físicas, que montan un timbiriche, un negocito cualquiera, para ganar 50 pesos todos los días, violando la ley, violando la higiene, violándolo todo (…)”.

En su arenga terrible, concebida para exacerbar al límite el odio hacia las formas de gestión de la pequeña burguesía, Fidel se hizo eco de una “investigación” realizada por militantes del Partido Comunista con el apoyo de los vigilantes de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), en una muestra de 6452 negocios que operaban en la capital. De estos, 955 eran bares, establecimientos que devinieron objetivo central de la campaña de expropiación.

Preparados de antemano, los militantes-investigadores detectaron en la mayoría de estos negocios algún tipo de irregularidad; entiéndase permisos mal habidos, falta de higiene y tendencias apátridas, comprobadas estas últimas en las 499 solicitudes de permiso de salida del país, consignadas por algunos propietarios de dichos locales.

A juzgar por las conclusiones que divulgó Fidel Castro, los dueños de pequeños negocios habían adquirido, espontáneamente, la condición de ladrones, contrarrevolucionarios y traidores a la patria; seres indignos de compartir la nación con los verdaderos revolucionarios “…que iban en camiones a recoger tomates al cinturón de La Habana”.

Aquel discurso fue el golpe de gracia al sector privado cubano, y no solo los odiados bares fueron clausurados para sepultar todo vestigio de alegría, porque tal sentimiento era propio de gente débil, con rezagos pseudoburgueses. También fueron intervenidas farmacias, barberías, panaderías, lavanderías, carnicerías, talleres de mecánica automotriz e incontables establecimientos que familias de clase media habían hecho florecer con trabajo duro.

Aún hoy se aprecia el lento desmoronamiento de inmuebles que albergaron negocios prósperos durante el período republicano. Un total de 55 636 microempresas fueron expropiadas, como colofón a una cruzada delirante que llevó el fanatismo, el abandono y la ineficiencia a cada rincón de la Isla. Cincuenta años después de aquella ola de confiscaciones que dejó el poder en manos de la familia Castro, Cuba es un país destruido y su economía la peor de América Latina.

Irónicamente, esa revolución radical que nació enferma de odio, ha tenido que regresar, para no derrumbarse, a formas de gestión capitalista que a estas alturas podrían considerarse rudimentarias.

A contracorriente, con mil penurias y bajo abusivas exigencias fiscales, pequeños negocios —y otros no tanto—, se (sub) desarrollan por todo el país. Esos “timbiriches” otrora acusados de promover la contrarrevolución, se han convertido en fuente de subsistencia para familias y generadora de empleos para las decenas de miles de cubanos que fueron declarados como personal prescindible durante el proceso eufemísticamente denominado “de perfeccionamiento empresarial”.

A su conveniencia, el Gobierno permitió la apertura de microempresas —entre ellas un número considerable de bares— para evitar un posible estallido popular, provocado por el súbito crecimiento del desempleo y el descontento de la ciudadanía, que no ha dejado de agudizarse en las últimas tres décadas.

Pero a diferencia de aquellos establecimientos que florecían antes de 1959, los timbiriches aportan más preocupación que beneficios a sus propietarios; los cuales deben pagar impuestos excesivos a una cúpula que, sin previa consulta popular, suspende la concesión de licencias y eleva las contribuciones fiscales.

Del mismo modo que el trabajo por cuenta propia se perfila como un medio de supervivencia para muchos cubanos, otros lo utilizan para cubrir actividades ilegales en un contexto donde la corrupción, los sobornos y el contrabando de absolutamente cualquier cosa marcan pauta en la vida diaria de los insulares.

Los supuestos males que denunció Fidel como inherentes a estos pequeños negocios, hoy se han multiplicado. Si en la actualidad se realizara una investigación similar a la que “justificó” la Ofensiva, aplicando idénticos parámetros, probablemente no quedaría un local en pie. Insalubridad, irregularidad en las licencias, lavado de dinero, bienes de dudosa procedencia y, sobre todo, “apátridas”, saldrían a la luz.

Por otro lado, la implementación de esta plataforma económica no garantiza la autonomía social de que gozaban los pequeños propietarios antes de 1959. En un país donde el derecho a la riqueza fue repartido hace medio siglo y con carácter perpetuo, varios dueños de microempresas consideran su propia gestión como una alternativa preferible —por muy poco margen— a los magros salarios que paga el Estado.

La Ofensiva Revolucionaria continúa vigente en el estancamiento de la mayoría de los negocios y la desaparición de muchos otros a causa del encarecimiento de las materias primas y los elevados impuestos. A ello habría que sumar la capacidad del régimen para reelaborar sus métodos de coerción.

En otros tiempos la corrupción estaba ligada a la abundancia de bienes de consumo. En la Cuba de hoy, la corrupción forma parte del juego macabro que el propio gobierno ha diseñado para garantizarse la obediencia de sus ciudadanos.

La mejor manera de controlar ha sido permitir, asegurando que todo emprendedor entienda que el día que se atreva a cruzar la línea, ese inspector flexible y campechano que cada mes toca a su puerta, será reemplazado por un agente de la Seguridad del Estado.


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