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(Foto: María Matienzo)

LA HABANA.- Las autoridades del Tribunal Provincial de Justicia han reconocido la ilegalidad de la sanción impuesta a  la abogada independiente Mariennys Pavo Oñate, pero, según ha dicho la propia jurista a CubaNet, no quieren asumir la culpa.

En el 2014 en la causa 255, la Sala Segunda del Tribunal Provincial de La Habana condenó a nueve años de privación de libertad a Pavo Oñate por el delito de “estafa continuada” bajo un artículo que no existe en el Código Penal y con el agravante de una supuesta causa anterior emitida por un tribunal militar del municipio Artemisa. Ambos procesos han sido descartados y anulados por su falsedad ente los mismos tribunales que la sancionaron; sin embargo, los responsables de la injusticia no quieren asumir su culpa.

“Aquí están tratando de tirarle la toalla a Silvia María Jerez Marimón, la presidenta del Tribunal en ese momento”, asegura Julio Ferrer, abogado independiente de Cubalex y esposo de la víctima, quien no se ha rendido ante la dictadura burocrática.

“La propia Omayda, de Atención a la Población, reconoce que yo tengo la razón y me propone que hable una vez más con la vicepresidenta del Tribunal”, pero Ferrer no quiere una entrevista más porque el 24 de noviembre pasado tuvo una con esta misma funcionaria, quien se comprometió a resolverlo todo “conforme al derecho” pero nada ha ocurrido después.

Según el abogado, lo quieren convencer de que “fue una negligencia de la jueza Marimón, que si ella hubiera tenido la información hubiese actuado diferente, pero la presidenta actuó con intención”.

Ferrer asegura poseer la documentación que lo prueba.

El Tribunal propone al abogado que contrate a otro jurista para que presente una solicitud de revisión al Tribunal Supremo, y como Ferrer conoce su oficio está convencido de que “es ellos a quien le corresponde porque es lo que establece la Ley y el sentido común. Ellos tienen que resarcir el daño, procurar darle una satisfacción a Mayi y arreglar el proceso, porque nosotros somos las víctimas”.

“Ya reconocieron la ilegalidad, ahora tienen que reconocer que fue intencional y acabar de liberar a mi mujer”, concluye Ferrer.

Como parte del proceso de liberación de Pavo Oñate, quien ha perdido 5 años y 10 meses de su vida encarcelada, su esposo Julio Ferrer acaba de imponerle una demanda para exigir “responsabilidad civil por daño moral derivada de la comisión de actos ilícitos” y le pone rostros a su queja: la mayor Liduvina Gay Pérez, directora de la Prisión de Mujeres en el Guatao, el primer teniente Yoanni Álvarez, jefe del Registro Legal del mismo lugar, el coronel Antonio Ayra Arias, jefe de Provincial de Prisiones, y a la mayor Nirma Batista Méndez, jefa de Registro Legal de la Dirección Provincial también.

Tanto Ferrer como Pavo Oñate consideran que todos los demandados han ejecutado órdenes orquestadas por la Seguridad del Estado y son ellos los que deben responder ante la demanda por su responsabilidad cívica.


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