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Arroyo Arenas, La Habana, René López, (PD) La falta de actualización de la legislación vigente afecta sustancialmente el desempeño de las funciones de los abogados, de fiscales y hasta del propio tribunal.

En el caso que nos ocupa, se fundamenta en consultas formuladas por el presidente de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos y el Fiscal General de la República, en lo referente a la necesidad de utilizar medios digitales para la reproducción de documentos contenidos en las actuaciones procesales en todas las materias, según las fases del proceso.

Esta posición se sustenta en la interpretación de los artículos 249 y 283 de la Ley No. 5 de Procedimiento Penal y el artículo 214 de la Ley No. 7 de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico.

Se limitan a referir que el abogado y las partes podrán examinar las actuaciones o instruirse de su contenido, pero no se define cómo hacerlo.

Con la reproducción digital de los documentos, el abogado tendrá mayores posibilidades de contradecir, ampliar o impugnar determinados documentos o pronunciamientos que luego pueden servir de base a la decisión. Se depuraría la calidad de la información y contribuiría a una mejor actuación profesional a favor de la administración de justicia en el fallo, así como a la igualdad en el debate, evitando el engorro de llegar con errores conceptuales de hecho y de derecho al término del proceso, con una etapa preparatoria consolidada. Significaría además erradicar errores que quedarían resueltos en innecesarios procesos de apelación, casación y revisión.

La inoperancia de la vigencia de la ley demuestra la distancia que existe entre nuestro procedimiento y las comparaciones internacionales en materia procesal por las partes involucradas en un proceso que se sigue en los tribunales con la utilización de sistemas de cómputos.

Es muy significativo que la Fiscalía General de la República se interese porque se apruebe la utilización, en el acto del juicio oral, de los medios de cómputo como Tablets, PC, Data-show u otros soportes contentivos de información, capaces de reproducir archivos de multimedia que faciliten su exposición, así como la de los peritos. Lo anterior agilizaría la actuación de las partes, el resultado de los elementos incriminatorios y de defensa.

En la actualidad, todos los documentos obrantes en los expedientes procesales se confeccionan y almacenan de forma digital, así como la bibliografía consultada. Bastaría la aprobación del procedimiento a seguir.

El Consejo de Gobierno consideró en su Dictamen No. 446, de 16 de julio de 2015 y la Instrucción No. 232, de 20 de noviembre del propio año, que constituyen un importante paso en la introducción de las tecnologías de la información y las comunicaciones como medios y herramientas para lograr mayor efectividad en el proceso judicial, especialmente en el ejercicio de la defensa, aunque estas valoraciones son aplicables en todas las materias en la tramitación judicial.

La posibilidad de que los abogados y fiscales personados en los procesos utilicen medios tecnológicos para la reproducción de documentos que obran en las actuaciones judiciales, por su transcendencia y alcance, rebasa las facultades que confiere al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular el artículo 67 de la Ley No. 82, Ley de los Tribunales Populares, por lo que no es procedente que este órgano emita un pronunciamiento general, en el sentido que se interesa por el Presidente de la Junta de la Organización Nacional e Bufetes Colectivos, en cuanto a autorizar que se copien digitalmente documentos contenidos en los expedientes judiciales, prerrogativa que, de considerarse podría ser incluida en futuras modificaciones de la norma de procedimientos, entiéndase modificaciones a la Ley No. 82 de Tribunales Popular, de la Ley No. 5, Procedimiento Penal, y la Ley No. 7 de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico,

Por otra parte, los abogados y fiscales podrán hacer uso de los medios de computo, como laptops, tablets, Data Show u otros soportes de información, en las audiencias públicas que se celebren en todas las materias, siempre que se solicite previamente al Tribunal que este, conociendo del asunto, lo autorice, con la previsión de que no podrá utilizarse estos medios para grabar o filmar los actos judiciales.

El asunto en cuestión no tiene una solución a corto plazo, será la Asamblea Nacional del Poder Popular al quedar constituida el próximo 19 de abril, la que apruebe un Plan Legislativo para el estudio y modificación de toda la legislación vigente aprobada desde 1976 a la fecha, incluyendo la Constitución de la República de Cuba.

Queda probado que al frenar legalmente el desarrollo técnico-procesal se afecta sustancialmente los derechos ciudadanos.

Con este Dictamen se cierra el proceso de análisis, valoración y definición de un asunto que afecta a todos.
dr.renelopez@yahoo.es; Dr. René López
Véase: http://referenciajuridica.wordpress.com
A su disposición: Bibliografía, Asesoría y Consejería, mediante dr.renelopez@yahoo.es
Ley No. 82, Ley de los Tribunales Populares.
Ley No. 5, Ley de Procedimiento Penal.
Ley No. 7, Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico.
Dictamen No. 450-2017, del Consejo de Gobierno de Tribunal Supremo Popular
Compendio de Dictámenes e Instrucciones emitidas por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.
27.03.2018

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