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Juan Goberna (Foto: María Matienzo)

LA HABANA.- La Red de Cultura Inclusiva surgió junto con la necesidad de Juan Goberna de aprender a comunicarse con el mundo y hacer que otros se comuniquen también.

“Quedé ciego a los 66 años de edad y ahora tengo 72. Soy una persona torpe. Después de más de 50 años vuelvo a ser analfabeto”, denuncia el activista, consciente de que no es el único en esa situación; pero él ha transitado por una operación que le dejará definitivamente sin visión, luego por la negativa a acceder nuevamente a los servicios médicos cubanos, por el silencio de la trabajadora social del policlínico al que pertenece y por una última intervención médica en Miami que le devolvió la visión por un corto tiempo, hasta volver a la más absoluta oscuridad.

El 29 de junio de 2015, con el certificado médico que lo declaraba ciego legal, Goberna se presentó en la dirección municipal de Centro Habana de la Asociación Nacional de Ciegos (ANCI), en la calle San Rafael esquina a Soledad, y aunque llevaba el carnet de identidad, las tres fotos y los cinco pesos para asociarse, no pudo hacerlo porque no pertenecía a ninguna organización de masa gubernamental.

“La presidenta de la Asociación Municipal tuvo cierta duda y me dijo que debía enviar mi caso al Ministerio de Justicia para ver si yo era de los Derechos Humanos”. Quince días más tarde recibió la respuesta: “Me dijo que debía ir a buscar mis documentos y que yo no podía ingresar en la ANCI porque mi ideología no está de acorde con los estatutos de la organización”, le aseguraron, cuando el parámetro médico fuera es el único que debiera invalidar o no el ingreso a la organización.

Tras mucho insistir, Goberna logró acceder a un “extracto” de los Estatutos que lo excluyen y descubrió que en el inciso I del capítulo 9, del artículo 4 dice entre los deberes que para pertenecer tienen que “apoyar decididamente cualquier manifestación, actitud, pronunciamiento o resolución que adopte la asociación en defensa de la patria y en preservación de los derechos conquistados por nuestra revolución socialista”. De nada sirvió que enviara una carta de protesta a Bárbara Jete, presidenta provincial de la ANCI.

Pero Juan Goberna no es el único. Acelia Carvajal, activista de la Red de Cultura Inclusiva, conoce a “un hombre que tiene 80 años, tiene problemas en las rodillas y le dijeron que por la edad no podía entrar en la ACLIFIM (Asociación cubana de Limitados Físico-Motores)”.

“Si pasas de 60 años no puedes ingresar a no ser que tengas alguna amputación, porque de lo contrario te dicen que es artrosis o vejez”, comenta Carvajal.

Otro caso es el de Enrique Pérez González, que lleva 17 años sin casa y que fue expulsado de la Asociación Nacional de Sordos de Cuba por ser considerado opositor.

La ANCI, la ACLIFIM y la ANSOC son las únicas tres organizaciones a las que pueden asociarse las personas con discapacidad.

“Tres organizaciones en las que los estatutos te dicen que son oficialistas, aunque se declaren no gubernamentales”, dice Acelia, y Juan agrega: “Además de que su presupuesto solo puede entrar a través de Gobierno”.

Para las personas con discapacidades intelectuales no hay asociaciones. Ellos reciben atención solo de escuelas especiales o en hospitales. Pero, ¿por qué es tan importante para Juan Goberna y los demás ser parte de organizaciones para minusválidos?

“Cuando se entra en la ANCI te dan cursos de computación para ciegos, te dan posibilidades también de aprender braille, técnicas para el uso del bastón para poder tener independencia en el hogar o en el caso de la ACLIFIM te dan la posibilidad de alguna compra de accesorios que puedan necesitar, o en la ANSOC aprender el lenguaje de señas”, cuenta Acelia.

En Cuba, esta es la única manera de acceder a lo que debiera ser el derecho de Juan, Enrique u otros que piensan diferente. Solo a través de dichas organizaciones estas personas pueden acceder a la enseñanza de lenguaje de señas, el sistema braille, la técnica del bastón o comprar sillas de ruedas o algún otro apoyo técnico y el Estado cubano se los niega.

La exclusión en estos casos implica mantener a personas en el analfabetismo o recluidas en sus casas o dependientes de la voluntad de terceros y así controlarlas mejor.

Anécdotas hay miles. Acelia cuenta que en el Teatro América, cuando fue a sacar unas entradas había un cartel que decía: “Los discapacitados tienen el 50% de descuento pero tienen que presentar el carnet”.

O sea, continúa Acelia, “si no estás asociado no puedes tener el acceso a esos lugares con esa bonificación como tampoco puedes reclamar el asiento en las guaguas o que te adelanten en una cola o te brinden la atención requerida aunque vean que no puedes caminar o que eres ciego”; tampoco recibir “una bonificación de 400 minutos en el teléfono si tienes o alguna ropa y algún calzado”.

Acelia enumera los supuestos beneficios y está convencida de que “están asociando una condición humana a una filiación política”, en contra de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que Cuba es firmante y que ha ratificado en más de una ocasión.

La Red de Cultura Inclusiva y otras formas de represión sutiles

Juan Goberna y Acelia Carvajal pretendían viajar a la 9na Reunión del Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, y como medida represiva en el aeropuerto le negaron la salida del país a Acelia mientras Juan esperaba por ella.

“Claro, si se lo niegan a ella, yo no puedo viajar”, declara Goberna porque es ella quien sirve de lazarillo a su esposo.

A la audiencia temática ellos llevaban, en un material audiovisual, los testimonios de varias personas que están siendo discriminadas y que desmentiría el informe presentado por el Estado cubano ante la ONU en el 2015.

“Está el caso de Lázaro Ariel Padrón, un trabajador agrícola que sufrió un accidente y quedó con discapacidad motora”, denuncia Goberna. “Trabaja en el proyecto Capitán Tondike, allá en Colón, Matanzas y por eso lo expulsan de la ACLIFIM y le retiran la ayuda que le brindaba el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.

Acelia Carvajal (Foto: María Matienzo)

Habla también del caso de Alcibíades, que perdió la visión por “una golpiza en la cárcel de Camagüey. Está de licencia extrapenal después de 23 años y en la asociación de San Antonio de los Baños no lo dejan ingresar”. Es otro de los casos que ha llegado a la Red y que está dispuesto a declarar. “Suponemos que la policía política es quien ha informado de su posición contestataria”, analiza el activista.

Estos, junto a los casos de Marlenis Abreu Almaguer, ex Dama de Blanco que padece de Retinosis Pigmentaria; Elena Ferrer Lamarche, una mujer parapléjica a la que nunca le dieron empleo por ser católica practicante; y el de Pablo Frómeta Pérez, ex deportista paralímpico que no le dieron acceso a vivienda por manifestarse en contra del Gobierno.

La Red también tenía para denunciar ocho casos, en Santa Clara, “de niños con parálisis cerebral por la mala manipulación en el parto. Al principio los familiares se envalentonaron, pero los amenazaron y no les han resuelto nada. Tampoco han querido reclamar”.

Denuncia Goberna que estos niños siguen con “mala vivienda, mala alimentación y sin atención gubernamental porque son casos que no pueden resolver los padres sino es a través de una institución especializada”.

El Artículo 5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad habla de la no discriminación. No solo se relaciona con esa convención sino con la Carta Universal de los Derechos Humanos, a lo que agrega Acelia, “según el Gobierno, aquí no tiene que haber una ley para los derechos de las personas con discapacidad porque el Código de Familia, del Código Civil y el Penal recogen algunos aspectos que los protegen”.

Para el Estado, según Juan, “todo está bien desde 2015, todo es una maravilla, lo que todo eso son medias verdades”. Baste ver la situación de las calles: las roturas, los baches, las barreras arquitectónicas para constatar que no existe una política para que los minusválidos tengan mejor accesibilidad y una “movilidad real para que las personas puedan en sillas de ruedas o las ciegas puedan transitar con su bastón, sin temor a caer”.

La Red de Cultura Inclusiva se retroalimenta no solo de los casos que les llegan por gestión personal sino de las denuncias que aparecen en los periódicos oficialistas. No tiene acceso a las estadísticas que debieran ser públicas, por lo tanto no tiene constancia de cuántos están en la situación de Juan, Enrique, Pablo, Alcibíades; pero confía en que, en la medida que las personas se enteren de sus derechos, sean más los que se atrevan a hablar.


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