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Farmacia (Foto Archivo)

VILLA CLARA, Cuba.- Es jueves y todo el mundo sabe que hoy llegan los medicamentos. Ileana, jubilada con más de cuarenta años al frente de las aulas en su expediente laboral, revisa una y otra vez: no pueden faltarle las recetas de captopril ni las de Metocarbamol. Tampoco el tarjetón de Fefa, la vecina de los bajos. Son casi las cuatro de la tarde en toda Cuba.

Al llegar a la farmacia la sorprenden dos colas, la de los que tienen “algún parentesco con la dependienta de la entidad” y la otra: la fila más larga. En ambas, cada persona sabe que después de las cuatro únicamente se quedará una dependienta atendiendo. Ileana tiene por delante a 14 personas.

Pero ninguna de las quince (Ileana incluida) se arma del valor para hablar de protección al consumidor, a pesar de la nueva legislación de la que no escapa la Farmacia que todos en el pueblo reconocen con el nombre de Gil, porque perteneció, antes del 59, a alguien con ese apellido.

Lamentablemente, este no es el único momento en que algunos consumidores cubanos se sienten desprotegidos. Sobre todo, cuando el establecimiento es estatal llueven las ofensas y los malos tratos.

“Mire tía, si a usted no le toca, no se recueste al mostrador2″, le increpó la dependienta a Ileana, -“Mi amor, yo sólo quiero hacer una pregunta, para no esperar por gusto”, señaló esta, y la dependienta volvió a la carga -“Aquí todo el mundo quiere hacer una pregunta”.

La Constitución de la República de Cuba regula las disposiciones que, en el papel, protegen a la población. Como es el caso del artículo 63, donde se plantea que todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, y recibir la atención o respuestas pendientes en el plazo adecuado conforme a la ley.

Pero es más que un buzón en cada entidad con el cartel borroso de Quejas y Sugerencias. Debiera ser más.

En el mercado estatal la situación no es menos compleja. Carlos Mario Abreu lleva rato esperando porque saquen el arroz importado, a cuatro pesos la libra. Hace unos días leyó el cartel que explicaba a los compradores que solo podían llevar cinco libras del preciado grano que jamás falta en la mesa del cubano.

“No hay quien le ponga el cascabel al gato. Porque no es solamente que se reduzca la cantidad de productos que uno puede comprar, el problema es que el que conoce a alguien dentro del Mercado no tienes problemas, puedes llevarte una mayor cantidad de arroz.”

Se entendería entonces que en los mercados en divisa por tener el cambio a 25 pesos en moneda nacional, por cada CUC la situación fuera distinta. Pero no lo es.

Hace unos días la sección Cartas a la dirección del periódico Granma publicó la denuncia de un cliente que pagó 216 pesos por un paquete de pollo que contenía 1,33 libras de agua congelada, y “la frustración” de otro ante la “pésima calidad” y el “deficiente gramaje” de una lasaña que un restaurante ofrece por 15 pesos.

El propio medio de prensa, el más oficialista de la Isla, citó recientemente que todos los meses el Ministerio de Comercio Interior tramita de 70 a 80 quejas, de las que un 60 por ciento tiene que ver con “insatisfacciones sobre productos y servicios”.

La Resolución No. 54 del 2018, publicada en la Gaceta Oficial, se refiere a las indicaciones para la organización y ejecución de la protección al consumidor en el sistema de comercio interno, y visualiza cuáles son los aspectos a garantizar en pos de proteger los derechos de los clientes.

Sí, la existencia de la norma es bonita en el papel, pero las irregularidades, van y vienen como el pan de cada día.


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