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Centro Habana, Ángel Marcelo Rodríguez, (PD) Introducción; El relanzamiento del trabajo por cuenta propia (TPCP) a inicios de la década de 2010 impacta notablemente la sociedad cubana actual en cada una de sus dimensiones y aristas. El análisis detallado de este proceso, muestra que la expansión del TPCP no fue contemplada en sus inicios como un objetivo en sí mismo, tal como lo fuera la liberalización de la economía un objetivo central en las reformas de los países socialistas del sudeste asiático, particularmente China y Vietnam. Constituye una pieza dentro de una cadena de acciones de una agenda de recuperación y reestructuración de la economía cubana.

El tamaño del sector no estatal es, a la altura de 2016, el mayor desde los inicios de la década de 1960 y emplea el 28% de la fuerza de trabajo del país (Triana Cordoví, 2016). Además del cuentapropismo, se ubican en el sector no estatal las cooperativas agropecuarias, las empresas mixtas con capital extranjero, oficinas de representación y empresas de capital extranjero total. La propia dinámica que se ha creado dentro del sector, su sistema de incentivos, sus vínculos como oferentes de bienes y servicios, resulta clave ya para el desarrollo de país.

Entre finales de 2015 y comienzos de 2016, se computaron más de medio millón de trabajadores por cuenta propia, de los cuales más de la mitad (54%) se asentaron en la capital y un 61% del total nacional se concentró en servicios personales tales como gastronomía, servicios y comercio. Alrededor de 4000 restaurantes y otros emprendimientos funcionaron en los primeros meses de 2016 bajo la lógica empresarial y no la del autoempleo.

La estructura empresarial cubana de 1959 a 1990: El tránsito a la adhesión a los cánones socialistas.

La Revolución de 1959 irrumpió en el escenario socio–político del país y comenzó a desmontar el aparato económico e institucional establecido. El desmontaje se operó en dos momentos que (Díaz Vázquez, 2010, págs. 26 – 34) se sintetizan en: 1º, la experimentación (1959 – 1975) y, 2º, los nuevos rumbos. Fue en este segundo momento donde la economía cubana se adhiere al canon socialista tradicional. Más allá de las transformaciones estructurales, se analizará a continuación lo sucedido a escala micro, específicamente, en la empresa.

En los años primeros de la revolución no existió un ataque inmediato a la micro y la pequeña empresa nacional. En la concepción inicial de la Revolución cubana, se pensaba incluir a la pequeña propiedad privada en la estructura económica del país. El programa económico inicial de la Revolución bien podría catalogarse de industrialización por sustitución de importaciones, que era la corriente de política económica en boga en Latinoamérica y que, por nunca postuló la necesidad de eliminar el tejido de microempresas.

Con la influencia de las experiencias socialistas de Europa del Este, las interpretaciones que se hicieron del marxismo y los hechos que tenían lugar en “el socialismo real”, se determinó la construcción de una utopía estrecha. La posición contrarrevolucionaria de algunos productores privados, llevó a cabo, a finales de la década del sesenta, un proceso de restricción de la pequeña propiedad privada, absorbida por la estatización. Esta tendencia restrictiva se mantuvo en las décadas de los setenta y ochenta, aunque con algunos momentos de flexibilización (Fundora Nevot, 2012).

El advenimiento de la revolución, las urgencias de la recuperación económica, el ambiente de lucha de clases y la ruptura del aislamiento internacional impuesto por las relaciones tirantes y finalmente de confrontación con los EE.UU., llevaron paulatinamente a decisiones de centralización y estatización de la economía nacional. Estas decisiones se reflejaron en la estructura de propiedad.

Tabla 1: La nacionalización cubana en los sesenta (propiedad estatal como % de la propiedad en el país)

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Fuente propia

Con la notoria “ofensiva revolucionaria” de 1968 se nacionalizaron 5630 pequeñas unidades privadas, a las cuales se vinculaban 120 mil personas. Virtualmente desaparece el sector MIPYMES, que quedó relegado a algunos transportistas y otras profesiones. Apegados a la tradición del socialismo real, el desarrollo económico del país en lo adelante se organizó a través del esquema de economía de planificación centralizada.

A raíz del I Congreso de PCC en 1976 se aprobó un Sistema de Dirección y Planificación de la Economía (SDPE).

Este se basó en la propiedad estatal (identificada con la social) sobre los medios de producción; el carácter de ley del desarrollo planificado, un plan único de la economía nacional y la planificación centralizada. Otorgó, al menos en lo formal, una cierta autonomía a las empresas en la utilización y manejo de los recursos; las necesarias relaciones de cobro y pago, el empleo del dinero, precio, finanzas, presupuesto, etc. En general, el plan de la economía nacional aplicó las categorías mercantiles despojadas de contenido real, en calidad de herramientas para medir el uso que las empresas hacían de los medios puestos a su disposición (Díaz Vázquez, 2010, págs. 29 – 31).

La introducción del SDPE, fruto directo del reordenamiento jurídico, económico e institucional, con la finalidad de superar las secuelas del período de idealismo que tuvo su culmen en la Zafra de 1970, posibilitó instrumentar en la práctica económica criterios de evaluación inexistentes con anterioridad, así como aplicar un sistema que permitiera dirigir la economía en su conjunto. Sin embargo, esto no contribuyó a lograr un desempeño productivo más eficiente.

Con la implantación del SDPE, mediante el Decreto – Ley № 14 de 1978, se concedió un estrecho espacio para el TPCP. Así, de 30 mil existentes en 1970, la cifra de cuentapropistas se elevó a 46500 en 1981.

En la segunda mitad de los 80, el SDPE expresa evidentemente ineficiencias debido a diversos factores y se comienza un periodo de “rectificación”. Como parte de las medidas tomadas, se restringe considerablemente el TPCP y se deja de promoverle. De 46,500 TPCP que había en 1981, se pasó a 39500 en 1985 y 25,200 en 1989, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).

Evolución del trabajo por cuenta propia de 1990 hasta 2018.

No es hasta los años 90 con la crisis que enfrenta el país debido a la caída del campo socialista europeo, que se retoma la figura del cuentapropismo. A fines de 1995, tenían licencia 208 500 trabajadores por cuenta propia[1]. Dentro de las medidas de apertura que se toman está el Decreto Ley № 141/1993, que estimula nuevamente este tipo de trabajo.

En 1993, con el Decreto-Ley № 141 del Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social (CETSS) y la Resolución Conjunta № 1 del CETSS y el Comité Estatal de Precios, ambas del 8 de septiembre de1993, se ampliaron las actividades a ejercer por cuenta propia.

Las actividades autorizadas para el TPCP inicialmente fueron 117, ampliadas en 19 más por la Resolución Conjunta № 3 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), del 8 de junio de 1995. Aquellas 117 se podían agrupar de la forma siguiente:

Actividades de transportación y apoyo (16) Actividades de reparación de vivienda (12) Actividades vinculadas a la agricultura (16) Actividades vinculadas a necesidades familiares y personales (39) Actividades del hogar (12) Otras actividades (22)

Con el advenimiento de la crisis desatada por la desaparición de los nexos con los hasta ese momento países socialistas y como parte de un conjunto de medidas de carácter estructural, fue adoptado el Decreto Ley 141 recién mencionado, que permitió el ejercicio del TPCP y reguló las actividades autorizadas, quiénes podían ejercerlas, los requisitos y el ordenamiento de tales actividades. El número de actividades permitidas en esa fecha fue creciendo con el tiempo y en el 2003 ya se registraban 157.

Luego del crecimiento en los años 90 del TPCP, las MIPYMES cubanas dieron ocupación a una cifra de 121 mil personas en 1994 y tuvo un máximo de 165 mil en 2005, según lo exponen (Vidal Alejandro & Pérez Villanueva, 2014, pág. 48). Entre los años 1995 y 1997 se emitió un conjunto de resoluciones y decretos leyes que normaban cada vez con mayor restricción el TPCP.

Sin embargo, como parte de un proceso de reestructuración de la economía nacional, atendiendo a las difíciles condiciones en que se hallaba la misma, a través de la Resolución 32 del 7 de octubre de 2010 del MTSS, se decidió relanzar el sector. En esta ocasión, aumentó el número de actividades permitidas (de 157 creció a 178), y se flexibilizó un grupo de cuestiones en aras de potenciar la actividad: se le permite a los cuentapropistas contratar fuerza de trabajo, recibir créditos, operar con cuentas corrientes, establecer relaciones con el sector estatal mediante contratos, entre otras. En este nuevo escenario, se considera que las características de los “nuevos” cuentapropistas, los ubican realmente en el campo de las MIPYMES privadas.

En octubre de 2010, se publica en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, en sus números extraordinarios 11 y 12, un conjunto de decretos leyes y resoluciones relacionadas con el TPCP, y el arrendamiento de habitaciones y viviendas particulares. Esas legislaciones establecen el reglamento del TPCP (Resolución 32/2010 de la gaceta número 12, ya mencionada), del arrendatario y las normas relativas al pago de impuestos, y a la contratación de fuerza de trabajo por los poseedores de licencias de cuentapropismo.

Este nuevo marco legal del TPCP es consecuente con el espíritu de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados en el VI Congreso del PCC, en abril de 2011. En su capítulo I, dedicado al Modelo de gestión económica, se reconoce al TPCP como una de las formas de organización empresarial.

?Como es evidente, se dio mayor espacio al sector no estatal de la economía cubana, donde se prevé que las actividades de estas microempresas no solo han constituido la principal alternativa de empleo como una vía de ingresos importante para un gran porcentaje de las familias cubana, satisfaciendo en gran medida la demanda de bienes y servicios de la población, dando un paso muy importante al incremento del desarrollo local.

Como resultado del reordenamiento laboral tras el objetivo de eliminar las plantillas infladas, el TPCP en Cuba, es una de las principales medidas emprendidas para actualizar el modelo económico, donde para el 2012 el número de cuentapropistas ascendió hasta más de 300 000 personas.

?Gráfico 1.1: Número de personas inscritas como cuentapropistas en diferentes años

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Datos: Construcción propia sobre la base de informaciones de la ONEI, y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Hasta junio de 2012 se habían aprobado 33 medidas por el Consejo de Ministros para flexibilizar el TPCP. Dicha flexibilización había permitido incorporar hasta esa misma fecha alrededor de 171 mil nuevas licencias, lo cual sumaba un total próximo a los 328 mil negocios operando en el país[2]. Incorporados al sector de las MIPYMES, ya sea como titulares de las licencias o trabajadores contratados, existían en esta fecha alrededor de 390 mil personas. Las provincias más destacadas en ello son La Habana, Matanzas, Holguín, Villa Clara, Camagüey, y Santiago de Cuba, que agrupan el 65% del total.

Las actividades de mayor crecimiento en el sector en el período antes señalado (septiembre de 2010 a junio de 2012) coinciden con aquellas más atractivas de forma general; estas son: elaboración de alimentos y transportistas, ambas crecieron en el período en 57 504 y 42 530 nuevas licencias, respectivamente.

Se esperaba para el 2015, que el 35% de la fuerza de trabajo esté empleada en el sector no estatal y cooperativo (Vidal Alejandro, 2012, pág. 1). Esa cifra no se cumplió.

Con respecto a las figuras aprobadas hasta la fecha[3] se considera que estas son aún insuficientes, y el sentido en que se determinan estas actividades debería cambiar. Al respecto, Pérez y Vidal plantean: “la lista de 181 actividades es aún demasiado precaria y reducida; sería más oportuno listar solo las no permitidas, ya que las categorías son demasiado específicas y ello frena la iniciativa individual. Sería preferible una lista de categorías generales que le dieran espacio a los cuentapropistas y microempresarios para proponer y perfilar una oferta de bienes y servicios?diversa. Esta tiene que ser lo suficientemente flexible como para poder adecuarse a una demanda cambiante en el tiempo, heterogénea en lo local, y que es indescifrable para cualquiera que se lo proponga centralmente” (Vidal Alejandro & Pérez Villanueva, 2014, pág. 53).

El Séptimo Congreso del PCC celebrado en abril de 2016 finalmente trae al debate un grupo de documentos donde se reconoce por vez primera la necesidad de avanzar hacia el reconocimiento de las micro y pequeñas empresas.

Así, en la actualización de los Lineamientos[4], se reconoce en su segundo lineamiento general que:

“El Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista reconoce la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios de producción fundamentales, como la forma principal en la economía nacional. Además, reconoce, entre otras, la propiedad cooperativa, mixta y la privada de personas naturales o jurídicas cubanas o totalmente extranjeras. Todas interactúan de conjunto.”

El lineamiento 141 enuncia también: “Ampliar el trabajo en el sector no estatal, como una alternativa más de empleo”.

Esta visión supera aquella anterior que implícitamente reconocía al cuentapropismo como autoempleo, al suponer ya la existencia de empresas privadas de titulares nacionales para los años venideros.

Otro documento, la Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, en sus lineamientos 91, 120, 173 al 186 y 197, reconoce la necesidad de establecer un orden legal y operativo para el reconocimiento de la pequeña empresa privada en Cuba.

La manera en que se van diseñar estas políticas, instrumentos jurídicos y demás instrumentos para llevarlo a vías de hecho es de difícil pronóstico. La forma habitual que ha adquirido el diseño de política en Cuba tras la aprobación de los lineamientos, supone un proceso de diseño de política, experimentación y extensión del mismo. Solo el diseño de la política es un proceso suficientemente lento y enrevesado.

Contradictoriamente en agosto de 2017, se inicia un proceso de reordenamiento de la actividad privada a través de la Resolución 22 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la República de Cuba por la necesidad de preparar nuevos cuerpos normativos para dar soluciones a los problemas legislativos actuales, además se suspende el otorgamiento de 22 licencias para el ejercicio de actividades de Trabajo por Cuenta Propia. Esta incide en el sector de la gastronomía, el arrendamiento de vivienda y el transporte, lo cual impacta negativamente en la economía doméstica y el desarrollo de la sociedad.

Conclusiones

Los objetivos del artículo se lograron, en el sentido de que se dispone de un material de síntesis sobre la problemática general del TPCP en Cuba en sus varias aristas. No obstante, otros temas podrían ser tratados en su extensión, tales como las raciales y las locales, y su relación con el TPCP y las MIPYMES.

Resalta un grupo de hechos en la literatura revisada:

Los entornos institucionales en los que se mueve el TPCP y las microempresa en Cuba son diferentes respecto a otros países, con reglas de juego cambiantes. La más importante deficiencia legal en el caso cubano es el tratamiento de persona natural de un grupo de TPCP que ya funcionan desde hace tiempo con reglas y lógicas empresariales a lo interno de sus organizaciones. Los impactos globales del TPCP siguen siendo marginales, si bien el impacto en el empleo (formal e informal) ha aumentado.

En tal sentido, en próximas artículos e investigaciones se debe recopilar información al respecto y elaborar materiales específicos de esos temas. Realizar pilotajes y estudios de campo en zonas urbanas y rurales.

Bibliografía:

Anuario Estadístico de Cuba 2017, ONEI. República de Cuba.

Código del Trabajo del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de la República de Cuba.?

Decreto Ley No. 300/2012 del Consejo de Estado de la República de Cuba.?

Decreto Ley No. 304/2012 del Consejo de Ministros de la República de Cuba.?

Resolución 01/2012 del Ministerio de Finanzas y Precios de la República de Cuba.?

Resolución 768/2012 del Ministerio de Agricultura de la República de Cuba.?

Resolución 22/2017 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la República de Cuba.?

Resolución 41/2013 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la República de Cuba.?

Resolución 42/2013 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la República de Cuba.?

Resolución 353/2013 del Ministerio de Finanzas y Precios de la República de Cuba.

marcemprendedor@gmail.com; DrCs. Ángel Marcelo Rodríguez Pita

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