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Raúl Castro, su hijo Alejandro a su izquierda y su nieto Raúl Guillermo a su derecha

ESTADOS UNIDOS.- El 19 de abril, Raúl Castro renunció a su autoproclamado título de presidente de Cuba y transfirió el puesto a su elegido, Miguel Díaz-Canel. Por primera vez desde 1959, ninguno de los hermanos Castro, Raúl o el difunto Fidel, supuestamente gobierna la isla. La entrega de tal título a una nueva generación —Díaz-Canel tiene 57 años— y los cambios en algunas reglas políticas, como la introducción de límites a los períodos, han alimentado las esperanzas de que en el mediano plazo una apertura democrática podría estar en las cartas. Sin embargo, esta llamada transición es solo un espejismo.

La familia Castro es el poder y sigue firmemente controlando sobre todo el ejército. Raúl ha mantenido su puesto como secretario general del Partido Comunista de Cuba (PCC) y jefe máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas (FAR). Mientras tanto, su hijo, Alejandro Castro Espín, está en el centro de una nueva estructura de poder que Raúl cuidadosamente puso en práctica en los últimos años, en la cual primero está la élite militar y en segundo nivel el Partido Comunista.

Castro Espín, de 52 años, es actualmente coronel en el Ministerio del Interior. Es el coordinador de los servicios de inteligencia y contrainteligencia, lo que lo convierte en una de las figuras más poderosas de Cuba. También era el jefe de la Comisión Nacional de Defensa y Seguridad, un cuerpo asesor recientemente ‘’disuelto’’. Muchos lo percibieron como un “gobierno paralelo”. Se rumora que el objetivo de Raúl es colocar a Castro Espín como secretario general del PCC para el año 2021, lo que lo haría el gobernante efectivo de Cuba.

Díaz-Canel, aunque nominalmente es el presidente, no ejercerá un poder real. Él mismo lo confirmó en su discurso inaugural en la Asamblea Nacional: ”Raúl Castro Ruz, como Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, tomará las decisiones más importantes para el presente y el futuro de la nación”.

La idea de que una transición democrática está en marcha en Cuba se desmiente por dos hechos bien documentados: Una mayor represión contra los disidentes y grupos en la sociedad civil, y el retroceso del régimen en las tímidas transformaciones de la política económica que Raúl Castro implementó cuando llegó al poder en 2006.

Una perspectiva gris para las libertades civiles

A pesar de las esperanzas despertadas por el acercamiento diplomático entre Washington y La Habana hace más de tres años, es claro que el régimen cubano no pretende cambiar la naturaleza fundamental de su sistema político estalinista. De hecho, la dictadura ha aumentado su represión contra los disidentes y la sociedad civil.

El número de detenciones arbitrarias por razones políticas llegó a 9940 en 2016, excediendo el de cualquier año anterior desde 2010, y las detenciones desde entonces se han mantenido altas. Desde que Barack Obama visitó la isla en marzo de 2016, la policía política cubana ha hecho aún más difícil las demostraciones contestatarias públicas. Los agentes de policía política ahora sitian las casas de docenas de activistas durante los fines de semana para evitar que participen en las marchas dominicales organizadas por las Damas de Blanco y la campaña #TodosMarchamos. La policía también hace que sea casi imposible que otros defensores de los derechos humanos y activistas políticos se reúnan. La hostilidad contra las familias de los activistas también ha aumentado. El número de presos políticos se ha duplicado a más de 120 en los últimos años.

Aunque en 2013 el régimen levantó, aunque no del todo, el requisito de que los cubanos comunes obtengan permiso para viajar al extranjero, la capacidad de los activistas prodemocracia de viajar es muy limitada. Decenas de cubanos han sido arrestados por la policía política, días antes de viajar, en su camino al aeropuerto o incluso en el aeropuerto, y así se les ha impedido participar en seminarios y conferencias en el extranjero coordinadas por organizaciones internacionales de derechos humanos. Los cubanos que viven en el extranjero también tienen límites para viajar a la isla: no se les permite visitar a personas que han criticado a la dictadura o han sido políticamente activos en su contra.

En abril de 2016, el PCC se reunió para su Séptimo Congreso. En su discurso de apertura, Raúl Castro dejó en claro que no habría reformas que pudieran amenazar la “unidad de la mayoría de las personas detrás del Partido” o “causar inestabilidad e inseguridad”.  En referencia a las demandas internacionales de un sistema multipartidista, Castro aclaró que eso no ocurriría “ni hoy, ni nunca” y advirtió que “si algún día logran fragmentarnos, sería el comienzo del fin de nuestra patria, de la Revolución, el socialismo y la independencia nacional”. El llamado canciller Bruno Rodríguez afirmó en su discurso que la visita de Barack Obama había sido “un ataque a nuestra concepción, a nuestra historia, a nuestra cultura y a nuestros símbolos” .

El objetivo del Séptimo Congreso del PCC era discutir dos documentos. El primero describe los principios y las teorías del modelo económico y social del gobierno cubano. Establece que el PCC es “la fuerza líder superior de la sociedad y el Estado” . El segundo documento describe la “Visión de la Nación” para 2030. Cuba debe ser “soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible”. “Y para lograr esto, el documento considera que es necesario tener un” gobierno eficiente y socialista “.

Dos principios rectores de esa visión, la defensa nacional contra la agresión y la seguridad nacional, refuerzan la doctrina de defensa actual del régimen, que establece que las instituciones del régimen, las organizaciones políticas y de masas y el resto de la población participarán contra las actividades del “enemigo”. “La militarización de la sociedad y la inclusión de ciudadanos comunes en el sistema de vigilancia han sido dos de las estrategias más efectivas para frenar la auto organización en la sociedad civil cubana.

Hay poca mención de la reforma en esos documentos. La libertad de expresión o de reunión o la democracia multipartidista no pueden ser parte de la narrativa del régimen. Cuando el PCC declara esos principios y esa visión para los próximos 15 años, no tiene en mente otra cosa que continuar exactamente de la misma manera que lo ha hecho en las últimas seis décadas.

La única reforma dentro del sistema político anunciada en el Séptimo Congreso del PCC se refería a la edad de las personas que ingresan a los puestos más altos del Partido —el Comité Central, la secretaría y la oficina política— y cuánto tiempo se les permitirá mantener sus posiciones. En el futuro, nadie mayor de 60 años ingresará a esos cuerpos o servirá por más de dos períodos de cinco años. Con esta enmienda, Raúl Castro quería rejuvenecer el aparato y crear una nueva red de leales para su hijo y heredero, Alejandro. Castro también prometió que esos cambios se incluirían en la constitución y propuso una reforma constitucional y un referéndum posterior, un proceso que “ratificaría la naturaleza irrevocable del sistema político y social“.

La consolidación del poder en manos de la familia Castro no parece ser el principal tema de preocupación para la mayoría de los observadores del tema Cuba. En cambio, se enfocan en la promesa del programa económico adoptado por el PCC en 2011, dirigido a crear un sector de pequeñas empresas que podría generar empleo y mejorar los servicios. Desafortunadamente, esas políticas han sido demasiado tímidas para provocar un cambio significativo en la economía cubana, y el régimen ahora está retrocediendo en algunas de ellas.

El número de microempresas independientes creció rápidamente entre 2010 y 2014, pero ese crecimiento se ha desacelerado significativamente desde entonces. En los últimos meses, el régimen ha anunciado nuevas restricciones al sector privado quejándose, entre otras cosas, de “exceso de acumulación de riqueza”. ” También dejó de otorgar licencias para pequeñas empresas, bajo el pretexto que necesita reevaluar el marco legal en torno a estas empresas y combatir la corrupción relacionada con ellas. En julio de 2017, Raúl Castro criticó abiertamente la dinámica de las microempresas. Un video filtrado recientemente mostró a Díaz-Canel diciendo que el régimen ve a los empresarios como instrumentos capitalistas que pueden destruir la revolución. Como la columna de The Economist señala acertadamente, “el gobierno quiere una economía de mercado sin capitalistas ni negocios que prosperen y crezcan”.

El régimen continúa ejerciendo un control absoluto sobre el mercado laboral, reteniendo —o confiscando— alrededor del 95 por ciento de las ganancias en divisas de todos los cubanos que trabajan en la economía formal del dólar. Estas ganancias se invierten en la maquinaria represiva del Estado y en los cofres personales de la elite comunista. Este sistema moderno de esclavitud no conducirá al empoderamiento de los trabajadores cubanos ni al avance de sus derechos.

Además, la concentración de poder económico en manos de las FAR se ha acelerado desde 2014. Las FAR poseen al menos 57 empresas y la mitad de las empresas minoristas en Cuba, junto con flotas de automóviles, estaciones de servicio y supermercados, todas las cuales son claves en sectores de la economía. También controlan al menos el 40 por ciento del capital extranjero en el país a través de su holding, el Grupo de Administración Empresarial Sociedad Anónima (GAESA). Esto significa que los inversionistas extranjeros en Cuba deben establecer relaciones directas con GAESA regida por su CEO, Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, yerno de Raúl Castro.

La falta de derechos humanos y democracia es la esencia del sistema político y económico totalitario de Cuba. El legado de los hermanos Castro incluye no solo ejecuciones, encarcelamientos, asesinatos, torturas, palizas, hostigamiento e intimidación, sino también un espurio marco constitucional y legal que avala la represión y promueve violaciones generalizadas de los derechos humanos por parte del régimen.

No es realista esperar que el régimen cubano abrace la democracia y el estado de derecho en el corto plazo. Una verdadera transición en Cuba debe implicar la liberación inmediata de los presos políticos, la restitución de todos los derechos y libertades fundamentales, el desmantelamiento completo de la dictadura y la celebración de elecciones libres, multipartidistas y competitivas, en otras palabras, la construcción de una democracia funcional.


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