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MIAMI, Estados Unidos..- La falta de libertades, las violaciones de los derechos humanos y la ausencia de voluntad gubernamental para un cambio, que ya se hace impostergable, son realidades que a diario golpean a la nación cubana. Necesitamos con urgencia que esta dramática situación sea entendida por la comunidad internacional; que el mito de la “Revolución Humanista” termine, porque casi 60 años de atropellos contra la dignidad de todo un pueblo ha de ser razón suficiente para que se entienda que los cubanos padecemos de una feroz dictadura, aniquiladora de toda esperanza. Es por eso de suma importancia que los inversionistas extranjeros contemplen la realidad de Cuba no  sólo como una posibilidad de obtener beneficios económicos fáciles, sin riesgo a tener que enfrentar conflictos laborales porque el gobierno les garantice, por medio de la represión, que los trabajadores no van a hacer huelgas ni establecer demandas reclamando mejoras salariales y otros beneficios que les corresponden, interponiendo demandas ante los organismos nacionales e internacionales.

En febrero de 1982 la Asamblea del Poder Popular aprobó la promulgación del Decreto-Ley 50, sobre la asociación económica entre entidades cubanas e internacionales, estableciendo este tipo de apertura  exclusivamente para los inversionistas extranjeros. En el mes de julio de 1992 la propia Asamblea Nacional acordó por unanimidad introducir reformas en la Constitución de la República a fin de posibilitar, entre otras formas de propiedad, la de las empresas mixtas. De esta manera el Estado cubano abrió sus puertas al capital extranjero como medio de beneficiarse con la obtención de moneda convertible, fundamentalmente dólares,

Cuba, nación subdesarrollada, con seis décadas de inmovilismo político, con una economía centralizada y serias deformaciones estructurales, dependiente la supervivencia de su régimen totalitario de las relaciones con el exterior, no escapa a los efectos de la globalización económica puesta en marcha como parte de soluciones a escala mundial. Este proceso, de por sí difícil en su ejecución, en el caso de Cuba es especialmente complejo, ya que es el Estado Socialista de economía centralmente planificada quien comienza, a base de necesidades impuestas en la coyuntura actual, a aspirar a una economía socialista con fuertes elementos de mercado y dolarizando la gran mayoría de las relaciones monetarias mercantiles, inclusive en lo que se define como sector estatal.

Relaciones laborales en entidades con inversión extranjera 

De acuerdo a lo establecido, las empresas mixtas o las asociaciones que se conformen en virtud de lo que expresa la ley de inversiones, no podrán contratar directamente, ya que esta función sólo puede ser realizada por la Agencia Empleadora, que no es más que una organización estatal, totalmente controlada por las instancias superiores del gobierno, encargada, entre otras funciones, de la concertación de contratos de trabajadores, tomando en consideración el diseño de las plantillas, las cuales son elaboradas por los inversionistas de acuerdo a sus necesidades y posteriormente analizadas y aprobadas por el Ministerio del Trabajo. Este organismo se ocupa también de negociar y fijar los salarios en moneda convertible.

El suministro de trabajadores se realiza tomando en consideración, en primer lugar, que los aspirantes estén política e ideológicamente con la línea del Partido Comunista de Cuba, preferiblemente que sean militantes de este o de la Juventud Comunista, o aquellos que tengan una actitud incondicional ante los organismos del Estado.

Las “agencias empleadoras”, en términos de definición, son los filtros del personal que va a ingresar a esas empresas y, en conjunto con organismos como el Ministerio del Interior y el Departamento de Seguridad del Estado asignados a cada centro de trabajo, se encargan de la verificación de todos aquellos trabajadores que conformarán la plantilla de esas empresas. Para ello se realizan verificaciones en el lugar de residencia, en los diferentes lugares donde los aspirantes han laborado y en el carnet de identidad, para revisar los antecedentes penales personales y familiares. Después se adopta la decisión de asignárseles o no la plaza.

Lo anterior constituye una violación permanente del Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en lo concerniente a la discriminación en materia de ocupación y empleo, adoptado por este organismo el 25 de junio de 1958, del cual Cuba es país signatario. En esencia este importante documento expresa en su artículo 1:

“El término de discriminación comprende: a)- Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen que tengan por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato con el empleo o la ocupación.”

Especialistas de organismos internacionales como la OIT, y la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres (CIOLS) y la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT) muestran preocupación ante el temor de que los derechos de los trabajadores sean pisoteados.

El informe de la visita que efectuara la CIOLS/ORIT, a Cuba en febrero de 1986, deja claro el alerta de la CTC sobre que las transnacionales no invierten en ningún lugar si por parte de los organismos sindicales no se hacen sustanciosas concesiones y apuntó: “que existe un verdadero riesgo de explotación a los trabajadores bajo este sistema”

Evidentemente la política establecida por la dictadura comunista de Cuba para la inversión extranjera contradice en esencia el convenio 95 sobre la protección del salario de la Organización Internacional del Trabajo en sus artículos 5 y 6, que expresan textualmente:

Artículo 5: “El salario se deberá pagar directamente al trabajador interesado”.

Artículo 6: “Se deberá prohibir que los empleadores limiten en forma alguna la libertad del trabajador de disponer de su salario”.

El hecho de que el gobierno de Cuba cobre el salario de los obreros en una moneda diferente, de mayor valor adquisitivo y en cifra superior a la que se paga a los mismos, denota los niveles de discriminación y explotación a que los trabajadores cubanos están siendo víctimas.

En la mencionada visita a Cuba, los representantes de la CIOLS/ORIT tomaron notas de las observaciones del gobierno cubano. Sin embargo, la comisión insistió en que “tomando en cuenta el contexto unipartidista y de una sola central sindical, el gobierno debería garantizar en la legislación y en la práctica el derecho que tienen todos los trabajadores de constituir libremente organizaciones profesionales independientes, tanto a nivel de base como de central, fuera de toda estructura sindical existente controlada por el Estado, si así lo seseasen”. No obstante esas recomendaciones el gobierno cubano, hasta la fecha, no las ha tomado en cuenta.

Resulta ilegítima, inescrupulosa y flagrantemente violatoria del derecho de los trabajadores nacionales en nuestro país, las abusivas condiciones en que se les priva de más del 95 % de sus salarios a los empleados en empresas extranjeras en cómplice explotación de parte de los inversionistas en beneficio de la tiranía comunista de Cuba. Resulta además contrario a los legítimos intereses del pueblo de Cuba, que aspira a una sociedad libre y próspera, la aceptación por los empresarios extranjeros de las condiciones que impone el gobierno para la realización de dichas inversiones, pues, ante todo, el único beneficiado es el régimen tiránico cubano. Por lo tanto, bajo un futuro gobierno democrático en una Cuba libre podría considerarse como deuda contraída por dichos inversionistas extranjeros, en virtud del derecho internacional, el pago a los obreros de todo lo adeudado.

Estamos en una era donde la paz impone la práctica de una razón reconocida y un nuevo reto de comprensión y solidaridad más justa y más humanitaria. Durante su visita a Cuba en años pasados, su Santidad Juan Pablo II enarboló las banderas de la Verdad y de la Esperanza. “Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba”, pidió el Santo padre en aquella ocasión. Sin embargo, y a pesar de que ha habido gestos de apertura desde muchas partes del mundo, el régimen dictatorial de la Isla mantiene inconmovible su política de sociedad cerrada,  con desprecio absoluto a la dignidad de los cubanos, discriminación en beneficio exclusivo de los extranjeros, explotación despiadada a los trabajadores y constantes violaciones a los derechos humanos. Por esto hoy más que nunca se hace necesario hacer un oportuno llamado a la conciencia internacional, pero fundamentalmente un enérgico reclamo a los inversionistas extranjeros, que en actitud mísera y censurable se han convertido en colaboradores de la tiranía comunista de Cuba y en cómplices del sufrimiento y las miserias que sufre nuestro pueblo, y a la despiadada explotación que hoy padecen los trabajadores cubanos.


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