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LA HABANA, Cuba.- Hace siete años conocí a Kiko (Humberto), cuando se iniciaba en Alcohólicos Anónimos (AA) para sanear su adicción por el alcohol. En la AA logró un año sobrio, y le costearon las prótesis de sus manos amputadas a los 38 años de edad.

Al reencontrarle deambulando en la calle, confundido con el ejército de alcohólicos que inundan cualquier esquina habanera, surgió la interrogante sobre los motivos que lo hicieron volver a despreciar la vida.

Desde el 2011 la Ley 24 de Seguridad Social en Cuba no protege a Humberto Manuel Domínguez Fajín, de 57 años, quien quedó incapacitado para trabajar cuando perdió sus dos manos.

A Kiko, o el pollito, como le dicen en la barriada de Ataré del municipio Cerro donde reside con su madre de 82 años, le fueron amputadas las manos en 1999 debido a un accidente mientras realizaba un trabajo particular de plomería. El incidente ocurrió cuando instalaba una tubería metálica de agua que, al pandearse, hizo contacto con el cableado público, conectando su cuerpo a 33 mil voltios. La corriente eléctrica le carbonizó las manos, y recorrió su organismo hasta salir por la espalda y el pie izquierdo.

Dos meses antes de su accidente, Kiko había renunciado a su empleo como plomero con el Estado, donde trabajó por 20 años, y en estos casos la Ley 105 de Seguridad Social cubana exige un mínimo de 30 días desvinculado para reconocer los años de trabajo, y otorgar una pensión laboral de 240 pesos (9 dólares).

CubaNet consultó a los funcionarios del Instituto Nacional de la Administración de la Seguridad Social (INASS), y éstos confirmaron que la incapacidad para el trabajo a causa del accidente sucedió pasado el termino que exige la ley.

La madre de Kiko, que trabaja como dependiente en una bodega de abastecimiento racionado a la población, atesora el expediente laboral de su hijo con la esperanza que le sirva de algo. Ella lucha contra la decepción de su hijo, quien siempre empuja a destruir la constancia de sus años de trabajo.

“Aunque no sirve para nada mi madre tiene el expediente (laboral) guardado. Si fuera por mí, ya lo hubiera utilizado en otra cosa”, dice Kiko.

Desamparado por la Seguridad Social

“Que te mantenga tu mamá”, cuenta Kiko que le dijeron en 2011, cuando le fue suspendida la pensión que le otorgaba el gobierno. Hasta ese entonces el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) acogió a Humberto bajo el régimen de asistencia social, que en su artículo 119 comprende a las personas no aptas para trabajar.

“En septiembre del 2000 me empezaron a pagar 147 pesos (5 dólares), y con eso al menos podía comer algo. Pero en el 2011 me dijeron que el gobierno había cambiado y me quitaron la pensión”, recuerda.

Quienes conviven y auxilian a Humberto en la barriada donde vive aseguran que fue por ese tiempo que retomó la ruta del alcoholismo.

CubaNet se dirigió a una de las oficinas del INSS donde le fue retirada la pensión a Humberto, y los funcionarios manifestaron desconocer el caso. Aclararon que, según la ley y los argumentos ofrecidos, Humberto se encuentra entre las personas que tiene un “familiar obligado” a mantener al impedido. Según la legislación cubana las personas obligadas son aquellas comprendidas en el primer grado de consanguinidad.

La ley de seguridad social comprende la suspensión de la asistencia monetaria: “Cuando se compruebe que alguna de las personas obligadas a dar alimentos está en condiciones de asumir íntegramente la prestación monetaria que concede la asistencia social”.

Sin embargo, para la suspensión de la ayuda económica que recibía Humberto, el sistema de asistencia social omitió el estudio de los ingresos del “familiar obligado”. El Código de Familia cubano advierte que, para aplicar este concepto, se debe tener en cuenta no afectar los recursos del “obligado” hasta el punto que deba desatender sus propias necesidades.

Pasada de la edad de jubilación, la madre de Kiko se mantiene trabajando como dependiente de bodega, donde cobra un salario de 200 pesos (8 dólares) mensuales; y Kiko asegura que el mayor peso de su desgracia es ver el sacrificio de su mamá.

“Es mi madre la que me pone el plato de comida en la mesa, eso es una de las cosas que más vergüenza me da en la vida que llevo (…) Todos los días salgo de mi casa a buscarme la vida, regreso en las noches con la esperanza de no pasar ese momento, pero ella esta ahí, con el plato de comida para obligarme a comer”.

En la mayoría de las ocasiones Humberto acude a los comedores del Sistema de Atención a la Familia donde por 5 pesos (0,25 dólar) compra una ración de frijoles y arroz. Estos comedores venden raciones de comida por menos de 1 peso, solo para personas amparadas por la seguridad social.

En su deambular por las calles, Kiko también recoge botellas y latas de bebidas de la basura para venderlas en el sistema de recogida de materias primas.

“Las botellas las vendo a 1 peso cada una, y por 1 kilo de laticas aplastadas me dan 8 pesos (0,32 dólar). Eso no me da ni para malvivir. ¿Tú crees que con eso puedo reparar mis prótesis o comprar mis medicinas? “, manifestó Kiko.

Según los directivos del INSS, el presupuesto de la seguridad social es de 6 mil millones de pesos, y promete duplicarse en el 2030. Detrás de este presupuesto se esconde un número en ascenso de indigentes y alcohólicos que recorren las calles como un ejército que regresa de la guerra, derrotado, además. Cada uno lleva consigo una historia que acelera el deterioro de su calidad de vida, marcando públicamente los índices de deficiencias del sistema social que prometió protegerlos.


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