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John Bolton (Reuters)

MIAMI, Estados Unidos.- La Casa Blanca está considerando tomar medidas para permitir que cientos de cubanoamericanos, cuyas propiedades fueron confiscadas en la Isla tras la llegada al poder de Fidel Castro, puedan demandar en cortes federales estadounidenses a compañías extranjeras que ahora tienen negocios en la Isla en esas mismas propiedades, así lo informó en un reporte El Nuevo Herald.

El senador Marco Rubio, considerado uno de los principales asesores del presidente en temas relacionados con la política hacia América Latina, ha impulsado la propuesta ante la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado.

Así mismo, el senador republicano de origen cubano también está presionando para que la administración amplíe la lista de compañías cubanas que están bajo sanciones por sus vínculos con los militares; y quiere además que Trump y otros líderes del gabinete exijan a los países aliados que presionen al gobierno de Cuba para que deje de respaldar al gobernante venezolano Nicolás Maduro.

Al respecto, según la publicación, si la administración decidiera suspender el Título III de la Ley Helms Burton e implementa el resto de las sugerencias de los congresistas, estas serían las acciones más fuertes tomadas contra Cuba desde que la administración expulsó a docenas de diplomáticos cubanos de Washington debido a los supuestos ataques a la salud de más de una veintena de empleados del gobierno estadounidense en La Habana.

Aunque cientos de cubanoamericanos que perdieron sus propiedades en Cuba no han podido obtener respaldo del gobierno a sus reclamaciones porque no eran ciudadanos estadounidenses en el momento de las confiscaciones, compañías y ciudadanos estadounidenses, por otro lado, poseen reclamaciones certificadas por el gobierno que la administración de Barack Obama intentó negociar con el gobierno de Castro sin éxito.

Entretanto, muchos tienen esperanzas esta vez, pues con Bolton y Mauricio Claver-Carone, director principal del NSC para América latina y uno de los críticos más abiertos de la política del gobierno de Obama hacia Cuba, se considera que es más probable que la Casa Blanca permita que se presenten las demandas.


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