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El crítico estado de los archivos y documentos en las oficinas de Vivienda en Cuba. Foto cortesía del autor

LA HABANA, Estados UnidosDurante años, debido a las absurdas prohibiciones de la Ley General de la Vivienda, los cubanos permanecían en una especie de limbo legal pues se cohibían de actualizar su propiedad o realizar cualquier otro trámite relacionado con ella. Incluso, muchas veces el titular era alguien fallecido generaciones atrás, que podía tener o no vínculos consanguíneos con los ocupantes. Tampoco los dueños, en su mayoría ancianos, podían disponer de su vivienda, por lo que se sentían dueños virtuales. Aun así, algunas personas se las arreglaban para comprar y vender sus casas a través de cambalaches, casi siempre con la colaboración de funcionarios corruptos de Vivienda que se llenaban los bolsillos.

En el año 2011, cuando se dieron a conocer los Lineamientos de la Política Económica y Social del PCC, en el Lineamiento 297 se expresa: “Establecer la compraventa de viviendas y flexibilizar otras formas de transmisión de la propiedad (permutas, donaciones y otras) entre personas naturales”. En noviembre del propio año entró en vigor el Decreto-Ley 288 para regular estos trámites, que provocó gran revuelo entre los cubanos, sobre todo porque se acabaron las arbitrarias confiscaciones de las propiedades de quienes emigraban. Así, los que tenían ese propósito vieron la gran oportunidad de conseguir dinero por la venta de su casa. Pero antes… ¡había que actualizar la propiedad!

Por estos días se cumplen siete años de que comenzó a aplicarse el Decreto-Ley 288. Y aunque en aquel momento se informó que la ley eliminaba un conjunto de autorizaciones administrativas y requisitos legales que durante años constituyeron trabas generadoras de corrupción, la realidad es que los engorrosos y demorados trámites propiciadores de estos delitos continúan.

Las diligencias para la actualización de la propiedad se van dilatando en el tiempo, que se convierte en años, muchas veces por documentos mal elaborados que deben rehacerse, o porque estos caducan. En todos los casos debe volver a pagarlos el solicitante. Los errores más frecuentes se deben a la falta de atención de los especialistas, y obligan a regresar una y otra vez a las instituciones. Es por eso que, desesperadas, algunas personas con posibilidades económicas acuden al soborno como única salida para solucionar su problema en un tiempo relativamente corto.

“Mientras los errores mengüen el bolsillo del cliente, y no el de quien los comete, seguirán ocurriendo”, dice Rodolfo, un tapicero que comenzó los trámites para actualizar la propiedad de su apartamento en Santos Suárez. Lo tiene cerrado y quiere alquilarlo, pues hace tiempo vive con su mamá en Centro Habana. Hace dos años inició las gestiones, pero hasta ahora sigue enredado entre colas, demora en la entrega de los documentos por falta de personal, viajes y más viajes a Planificación Física, errores en los documentos, en fin: un laberinto de trámites burocráticos. “Por eso decidí dar dinero ‘por detrás del telón’ para acabar de resolver. Sumando todo lo que se me ha ido en pagar errores ajenos, si lo hubiera hecho desde el principio ya habría terminado y me hubiera costado casi lo mismo, si no menos”.

Otro problema frecuente es el extravío o deterioro de documentos al cuidado de los funcionarios. Esto exaspera a los clientes, frustrados y preocupados por no poder continuar sus trámites. Este descontrol, a su vez, es aprovechado por los buitres a cargo para alentar el soborno.

Hace unos años que los padres de Julián fallecieron, pero él decidió legalizar su vivienda hace algo más de un año. Pensó que sería una gestión sencilla porque el papá había testado a su favor, no así la mamá que era propietaria también. Empezó con paciencia las dilatadas gestiones. Unas veces no estaba el especialista, otras, se le vencían los papeles, pero él seguía perseverando. Hasta que aparecieron problemas más serios: el certificado de matrimonio de sus padres, sin el cual no puede continuar los trámites, no aparece en el Registro Civil de Ciego de Ávila. Julián piensa ir a buscar el documento personalmente y después… verá cómo puede “ayudar” a alguien para que lo ayuden a él.

Tras cuatro años en el suplicio del papeleo para poner la propiedad de la casa a nombre de su mamá, y cuando Omar pensaba que por fin todo se iba a resolver, diez días antes de la fecha para la adjudicación de la vivienda falleció su tía, también heredera, que le cedería su derecho. Ahora Omar tiene que recomenzar los trámites. “Prefiero pagar antes que volver a pasar por ese infierno”, afirma.

Pero cuando por fin todos los papeles están en regla, todavía falta la tajada final: la inscripción en el Registro de Propiedad. Para permutar, donar, vender, obtener la licencia de arrendamiento, resolver ciertos litigios, y otros trámites, la escritura de propiedad tiene que estar inscrita. Una última “calderilla” para las arcas estatales.


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