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El ministro de Defensa de la Federación Rusia, Serguei Shoigu, visita una unidad de tanques en La Habana, Cuba

WEST PALM BEACH, Estados Unidos.- Cuando, a finales de octubre último, se conoció a través de varios medios de prensa que Rusia otorgaría 50 millones de dólares al gobierno cubano para la compra de armas, se dispararon las alarmas.

De inmediato, comenzaron a menudear titulares tremebundos, agitando los viejos fantasmas insepultos de la Guerra Fría: Rusia se disponía a “rearmar” al régimen de La Habana, el crédito permitiría a la dictadura comprar a la industria militar rusa “todo tipo de armamento y material militar”, y —para mayor preocupación— el hecho se produce en el marco de un aumento de las tensiones en las relaciones entre Cuba y EE UU, y acompaña un también anunciado retorno de unidades militares al territorio cubano como parte del estrechamiento de “relaciones de colaboración” ruso-cubanas que ha estado ocurriendo en los últimos tiempos y que incluye la firma de 60 proyectos de inversión de capital ruso en la Isla.

Así las cosas, el referido contrato crediticio para el pretendido “rearme” y modernización militar de Cuba quedó firmado en La Habana con la reunión bilateral celebrada los días 29 y 30 de octubre, en la que participaron el viceprimer ministro de Defensa de Rusia, Yuri Borísov, y por la parte cubana el vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Ricardo Cabrisas Ruiz.

Ahora bien, más allá de las sospechas y los resquemores —no precisamente infundados— que nos puedan despertar los intermitentes idilios entre el Kremlin y el Palacio de la Revolución, un crédito de 50 millones de dólares es una cifra absolutamente ridícula si se trata de un “rearme”. Baste constatar los costos reales de la tecnología militar actual para concluir que la referida cifra apenas alcanzaría para sustituir los tubos de escape de algún par de blindados obsoletos de las flamantes Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas.

Dicho de otro modo, resulta absurdo creer seriamente que con un crédito tan exiguo Cuba pueda adquirir armamento y material militar moderno, en especial cuando la parte rusa enumera una fabulosa lista de potenciales compras para sus misérrimos aliados caribeños: tanques, blindados, naves (no sabemos si aéreas o marinas) y quizás hasta helicópteros. Tecnologías estas que, objetivamente, sería posibles comprar por 50 millones de dólares solo si se tratase de piezas de la II Guerra Mundial.

Si bien los coqueteos cubano-rusos no son novedosos ni excepcionales —recordar que está en vigor el acuerdo de cooperación militar firmado entre ambos para el período 2016-2020, al cual antecedieron otros convenios relacionados con la “defensa” de Cuba, incluido el otorgamiento de créditos— no hay que magnificar los hechos.

Tradicionalmente la retórica confrontacional de la administración estadounidense ha tenido como respuesta estos faroles guerreristas de La Habana, que —salvando las distancias— remedan las espinas con las cuales la rosa de El Principito pretendía defenderse de algún tigre que se acercara a atacarla. Porque es sabido que las tropas estadounidenses no tienen la menor intención de invadir Cuba, que en el muy inverosímil caso de que lo hiciera el armamento de la potencia norteña se impondría de manera aplastante sobre el de la Isla, y que, por último, Cuba no resulta ni de lejos un elemento tan importante para Rusia o EE UU como para desatar una guerra entre ambos colosos.

Entonces, ¿es juicioso alarmarse? Puede que sí. Pero no por el supuesto riesgo de una confrontación bélica internacional que no se va a producir, sino por lo que significaría para los cubanos dentro de la Isla lo que sí puede adquirir la dictadura con 50 millones de dólares si en realidad esa cantidad se invirtiera en material represivo con vistas a controlar eventuales brotes de descontento ante un agravamiento de la crisis económica y social al interior del país.

Porque para la casta del Poder no es un secreto que cada día crece entre los cubanos de todos los sectores un sentimiento colectivo de frustración ante un panorama que condena a una población de once millones de seres humanos a la pobreza y a la desesperanza ante la imposibilidad de labrarse un futuro mejor, precisamente por la falta de voluntad política del gobierno para permitir el desarrollo de sus capacidades.

Paradójicamente, el proceso de “debate popular” de la reforma constitucional propuesta por ese mismo poder dictatorial ha puesto al descubierto la fractura de la “unanimidad” y de la pretendida “estrecha vinculación del pueblo con la revolución y sus líderes”. Por primera vez en 60 años desde todos los sectores han surgido fuertes cuestionamientos sobre algunas de las propuestas refrendadas en el proyecto de la Carta Magna, muchos de los cuales atacan directamente los que hasta ahora han sido los fundamentos “sagrados” del sistema, a saber, el unipartidismo y la supremacía del Partido Comunista como “fuerza dirigente superior de la sociedad”.

Cuando apenas se van a cumplir dos años del deceso definitivo de Fidel Castro y apenas a solo siete meses de la salida simbólica de su hermano de su cargo como Jefe de Estado y de Ministros, tanto las críticas e inconformidades como las exigencias de participación en los destinos de Cuba abarcan todos los estratos sociales, desde los jubilados que malviven con las miserables pensiones estatales hasta los obreros, los artistas, los emprendedores, los grupos LGTBI, los religiosos, los jóvenes periodistas graduados en las universidades cubanas, los médicos que cumplen misiones en el extranjero, y más recientemente los “intelectuales revolucionarios”.

Esta vez los reclamos no parten de los grupos opositores y de otras voces disidentes que puedan ser acusados de “mercenarios” o “vendepatrias” por la maquinaria propagandística del monopolio oficial de prensa. Los cubanos comunes quieren saber por qué no pueden elegir directamente a su Presidente, por qué no pueden invertir en su propio país, por qué no pueden adquirir más de una licencia para trabajar por cuenta propia, por qué no pueden importar insumos y productos desde el extranjero, por qué no se reconocen libertades y derechos ciudadanos plenos como los de asociación, libre contratación, libertad para permanecer por tiempo indefinido en el extranjero, entre otros.

El hastío parece haberse extendido por toda la sociedad a lo largo de toda la Isla y el Poder lo sabe mejor que nadie.

Y esto nos coloca de nuevo en el punto de partida. ¿Qué tal si, tal como ha ocurrido en las manifestaciones de protestas de Venezuela y Nicaragua, el régimen cubano decide imponerse a sangre y fuego contra los cubanos indefensos? ¿Cuánto armamento antimotines, gases, u otros artilugios represivos contra las multitudes se pueden adquirir con 50 millones de dólares? Sin dudas, en tal caso la cifra no resultaría tan despreciable.

Una reflexión que no pretende alarmar, pero sí alertar sobre una deriva que puede resultar sumamente peligrosa. Solo podemos imaginar hasta dónde está dispuesto a llegar el tardocastrismo para conservar su poder. Es más prudente seguir las señales anticipadamente y beber de la experiencia ajena. Venezuela y Nicaragua están ahí para mostrarnos el precio de la confianza. No nos confiemos.


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