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A las primeras exhumaciones, el fiscal Gustavo Duque, de Justicia y Paz de Medellín, iba aterrado. Las cosas tendían a salirse del protocolo. En una de esas salidas iniciales, en la Semana Santa de 2007, su equipo tenía datos certeros: en un sector de las montañas de Urrao, al suroeste del departamento de Antioquia, estaban enterrados los cuerpos de seis personas. Cuando el helicóptero donde el fiscal viajaba —custodiado por el Ejército— empezó a sobrevolar la zona, el estruendo de las bombas fue en aumento. Si lograban llegar vivos, tendrían que trabajar con la guerrilla encima.

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