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PP

El diputado español del PP en el Congreso Teófilo de Luis planteó este lunes en el pleno del grupo popular en el Consejo de Europa, en Estrasburgo, la necesidad de seguir trabajando en el viejo continente para que "los cubanos sigan ganando espacios de libertad". 

De Luis trasladó esta necesidad al líder del grupo popular europeo, Jean-Claude Juncker, quien, según afirmó el diputado español en declaraciones a DIARIO DE CUBA, manifestó que "entendía" las inquietudes respecto a la Isla y se comprometió a "acompañar el planteamiento".

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El lenguaje ofrece fórmulas curiosas que diluyen el significado real de un problema. Al genocidio cometido por los japoneses en la ciudad de Nankín, algunos lo llaman el "incidente" de Nankín. El conflicto entre Cuba y EEUU es suavemente denominado por otros como "diferendo bilateral". Ahora hay quienes prefieren describir el plantón dispensado por Raúl Castro esta semana al ministro de Relaciones Exteriores de España como "percance". 

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"El que no tenga sangre revolucionaria…, el que no tenga un corazón que se adapte a la idea de una revolución… No los queremos, no los necesitamos." Con este fragmento de discurso de Fidel Castro comienza el documental Otra isla (Alva Film & Light Night, 2014) de Heidi Hassan, exhibido en la Muestra de Jóvenes Realizadores, celebrada en La Habana del 1 al 6 de abril.

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Javier Martín Fuentes
Madrid

'Todo parece indicar que la suerte de Carromero en Cuba no era lo principal que estaba en juego, sino los intereses españoles'.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha dado instrucciones para manejar una diplomacia de perfil bajo en sus relaciones con Cuba. Más allá de la veracidad de la noticia filtrada, esto resulta evidente en las negociaciones que sostienen ambos gobiernos en los últimos tiempos y en el discurso que las envuelve. Una diplomacia de bajo perfil que se traduce en evitar declaraciones y acciones que puedan incomodar al régimen cubano, tales como dialogar con la oposición o expresar preocupación por los derechos humanos. España quiere "rebajar la tensión" y "mantener la mejor sintonía" con La Habana, y para ello ha ordenado restringir la agenda mediática, escoger las palabras, medir los gestos y adoptar "una postura serena" ante el caso cubano.

Al parecer, esta es la respuesta que ofrece España ante las expectativas de ciertos sectores de la opinión pública que esperaban que la repatriación de Ángel Carromero supusiera un cambio en la percepción y evaluación de los hechos en los que se vio envuelto este político español. Unos hechos no esclarecidos, que han sido manipulados desde una lógica totalitaria para establecer una versión oficial que ha aceptado —o consolidado con su actitud—el gobierno de un Estado democrático. Unos hechos que han obligado a un intenso trabajo de ambas cancillerías, cuyo principal resultado quizás haya sido una actualización de las reglas del juego para la política exterior de ambos actores.

La muerte de Oswaldo Payá y Harold Cepero conlleva la desaparición de una de las principales figuras de un hipotético proceso de transición. Fundador del Movimiento Cristiano de Liberación y premio Sajarov a la libertad de conciencia, Oswaldo Payá había logrado articular iniciativas políticas de calado dentro de la vigilada realidad cubana. Su Proyecto Varela había presionado al régimen en su propio terreno, utilizando sus propias leyes, y esto era algo que nunca le perdonaría la élite en el poder. La misma que se ha encargado de certificar "el accidente" con datos que nadie ha podido contrastar, y con declaraciones tomadas a los implicados en condiciones inadmisibles en cualquier Estado de derecho.

Prácticamente secuestrados por las autoridades cubanas, incomunicados, sometidos a las técnicas de interrogatorio de la policía política, José Ángel Carromero y el ciudadano sueco Jens Aaron Modig fueron exhibidos ante la prensa internacional confirmando la versión oficial del accidente. Desde un primer momento, resultó llamativa la manera en que los principales medios españoles y europeos trataron la noticia, sin preocuparse mucho por los cabos sueltos de la historia y asumiendo las arbitrariedades del régimen como parte de los procedimientos habituales en estos casos; o como si en suelo cubano fuese natural asociar el activismo pro-derechos humanos al espionaje.

No le dieron importancia a los mensajes de móvil que, según la familia de Payá, se enviaron en el momento del accidente y que mencionaban a un coche que les perseguía y les embestía. Tampoco les resultaron chocantes las declaraciones de los implicados, auténticas puestas en escena made in Totalitarian Regime. Ninguno de estos medios acudió al lugar de los hechos ni entrevistaron a posibles testigos, sino que se conformaron con las dos o tres fotos sacadas por la policía cubana, y con informar sobre una vista oral que presenciaron por circuito cerrado y anotaron con papel y lápiz.

La tensión de las autoridades cubanas era palpable; el miedo de Carromero y Modig era visible en sus rostros, más que el dolor y el arrepentimiento sinceros. Sin embargo, la prensa libre apenas ha investigado o reflexionado sobre la sospechosa muerte de un líder de la oposición cubana, sobre el hecho de que ya hubiera sufrido un "accidente" similar, sobre el proceso de instrucción del caso, las posibles implicaciones derivadas de su nacionalidad española, o el trasfondo político de este asunto. Una reflexión que podría abarcar desde la política exterior de la UE y los principios y valores que proyecta, hasta la situación de los derechos humanos en Cuba tras medio siglo de experiencia represora y dictatorial.

La amnesia de Modig (el sueco ileso), su desaparición de la escena pública, los esfuerzos de España centrados en la repatriación de su ciudadano, la no invitación de la disidencia a la celebración de la fiesta nacional (un reclamo constante en el discurso del Partido Popular de la última década), la apariencia de normalidad y transparencia de un juicio "procesalmente impecable": todo ello se justificaba con el objetivo de no dejar a Carromero en las cárceles cubanas. Se buscaba salvaguardar su integridad física y moral, y evitar que se convirtiera en el Alan Gross de la ayuda al desarrollo española (si los cubanos se las gastan al Imperio, qué puñetas no le harían al Reino, o a ese objeto político no identificado que es la UE). Pero, una vez librado de todas esas desgracias, ¿por qué se debe seguir guardando silencio?

En juego, intereses españoles

La pregunta es, ¿qué pactó España con el Gobierno cubano a cambio de la repatriación de este sujeto, cuya única desgracia actual quizás sea la de no poder "organizar sus ideas" nunca más? En primer lugar, es evidente que Madrid aceptó la versión oficial cubana con todas sus consecuencias, es decir, culpabilidad de Carromero en un homicidio imprudente (lo cual descarta toda hipótesis de un posible asesinato político) y, por tanto, nada de investigaciones independientes. A estas se le suman otras consecuencias colaterales como avalar las presuntas reformas del régimen, aceptar sus condiciones para el diálogo (una condicionalidad que este no tolera a la inversa y que supone el aislamiento de la oposición y la sociedad civil), aparcar el compromiso con los derechos humanos en Cuba y por último, pero no menos importante, dar la espalda al dolor de las familias.

En apenas un año de gobierno, el Partido Popular ha tenido que tragarse su discurso sobre Cuba, aceptar su incapacidad para plantear una estrategia diferente de relaciones con este país y lidiar con las maniobras gato-parduzcas de un régimen que viene aplicando metódicamente la lógica de la confrontación en sus relaciones internacionales. Y encima, ha tenido que retomar la visión que tanto criticó a los socialistas de negociar una nueva política exterior europea hacia Cuba, argumentándola con igual fragilidad.

¿Y qué obtiene España a cambio? Además de la repatriación de su ciudadano, el Gobierno español elude posibles complicaciones derivadas de una confrontación directa con Cuba. Un conflicto de esta naturaleza puede afectar a sus intereses en la región. Los países del eje bolivariano, donde España tiene importantes intereses económicos, podrían interpretarlo como una maniobra conspirativa. Otros países como Brasil y Argentina, que mantienen buenas relaciones con el Gobierno cubano —o incluso Colombia, cuyas negociaciones con la guerrilla pasan ahora por La Habana—, no mirarían con buenos ojos el papel de España en un escenario semejante.

Todo parece indicar que la suerte de Carromero no era lo principal que estaba en juego, sino los intereses españoles. Su repatriación pudo haber sido una cuestión menor frente a la posibilidad de que Cuba echase mano de su legislación y su aparato propagandístico para demostrar la existencia de un complot de España y de Europa, quienes, violando sus leyes y su soberanía, enviaban a políticos de derechas a reunirse con grupos disidentes y financiar supuestas actividades contrarrevolucionarias.

Visto así se podría concluir que, mientras no cambie el status quo, el Gobierno español dará por cerrado este asunto y preferirá que no se hable más de él. El hecho de que se hayan dado instrucciones para "rebajar la tensión y mantener la sintonía" —estando ya Carromero en territorio español—, demuestra que se sigue apostando por una estrategia de distensión que facilite las cosas con el régimen cubano. Se podría especular sobre la existencia de información comprometedora de los servicios secretos cubanos, o sobre las implicaciones de un conflicto con La Habana para los intereses españoles en la región. El caso es que este Gobierno da señales ostensibles de querer superar este capítulo, pasando página y aceptando las reglas del juego que parecen haber quedado establecidas implícitamente tras el incidente.

Al mismo tiempo, no es descartable la posibilidad de que España contemple en su estrategia este comportamiento como una forma de generar confianza para ganar mayor presencia y relevancia en el futuro. No sería la primera vez que se intenta establecer las bases necesarias para un diálogo político que propicie el cambio desde arriba. De hecho este es el modelo que siempre ha defendido España y ha logrado consensuar en la UE, el de una transición pacífica iniciada por el propio Gobierno a través de un proceso gradual de reformas económicas y políticas. Sin embargo, tampoco sería la primera vez que España y Europa fracasan en sus pretensiones ante un régimen inflexible y rocoso, que se siente amenazado por todo aquello que signifique una pérdida de poder, o alteración de su ejercicio según su visión totalitaria.

Por último, cabría la posibilidad de que España estuviera a la espera de que evolucionen aún más los acontecimientos para desclasificar sus archivos del caso. Los eventos que pueden sobrevenir en Cuba, en Venezuela o en los propios EE UU —y por extensión en la región—, podrían motivar un cambio de estrategia de España. El esclarecimiento del affaire Carromero podría ser una de las decisiones encaminadas a mejorar su imagen y aparecer como un actor proactivo en un escenario de transición en la Isla.

En todo caso, lo cierto es que Europa y España están en crisis, que la desafección política crece entre sus ciudadanos, que la opinión pública está saturada de ver actuar a sus gobiernos de forma poco transparente en nombre de la democracia, y que los medios de comunicación parecen cada vez más sometidos a los poderes que los controlan. En medio de semejante panorama, se hace cada vez más evidente que el destino de Cuba pasa por lo que sean capaces de articular los propios cubanos. Pero eso es… harina de otro costal.

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Fernando Núñez
París

No parece que la intención sea esclarecer de una vez y por todas lo sucedido, sino todo lo contrario.

Las recientes declaraciones de Esperanza Aguirre reclamando el indulto de Carromero encaminan los proyectores de la actualidad hacia un problema que esconden las escenas actuadas por los personajes de esta ridícula trama, mientras tras las bambalinas siguen agitándose las verdaderas manos invisibles que han conformado las relaciones entre Cuba y España desde que la Isla se "independizó" de la metrópoli.

Esta situación movería a risa si no estuviésemos hablando de la muerte de varias personas el pasado mes de julio, en circunstancias que hasta el momento pudieran calificarse —por lo menos— de confusas. Una de ellas, Oswaldo Payá, llamado a jugar un importante papel en una Cuba post castrista, porque gozaba de un capital político aceptado entre los grandes hacedores de destinos latinoamericanos y mundiales en la actualidad.

Todos los interesados esperaban con expectación la liberación de Carromero para saber la verdad y, sin embargo, la verdad no acaba de llegar y esta extraordinaria situación genera grandes enojos —comprensibles de hecho— entre las familias de los fallecidos. La presente agitación que estamos contemplando desde hace semanas muestra que el disgusto es real y que la impaciencia gana cada vez más en intensidad. Mientras tanto, el señor Carromero y su amigo Modig siguen dándole la espalda a la prensa, este último, incluso, ha llegado a dimitir de su cargo político para dedicarse a asuntos de más reposo.

Si bien resultaba comprensible que el español no abriera la boca mientras permanecía en Cuba (no imagino a las Fuerzas Especiales españolas desembarcando en La Habana para rescatarlo) por razones de prudencia. No solo su silencio resulta inexplicable ahora, sino que también lo son sus actuales prisiones y toda la mascarada que le rodea: que si libertad condicional, que si tiene que ir a dormir a la cárcel entre las cinco y las ocho, que si le van a poner un brazalete electrónico, que si va a conservar o no su cargo dentro del ayuntamiento, que si sus —numerosas— contravenciones se deben a problemas de aparcamiento, que si su salario…

Todavía no hemos visto a su familia en Telecinco mostrando fotos de un Carromerito despreocupado montando en bicicleta o tomándose un helado en el Parque del Retiro, pero supongo que también tendremos derecho, porque aquí lo importante no parece la intención esclarecer de una vez y por todas lo que ha sucedido, sino todo lo contrario.

Las relaciones económicas entre España y Cuba siguieron siendo estrechas tras la firma del Tratado de París, los peninsulares controlaban el comercio mayorista de la Isla y esta situación se mantuvo al menos hasta que Castro se hizo con el poder en 1959. No tengo los datos del periodo posterior pero me consta que el general Franco adoraba a este y que por algún tiempo sus relaciones personales fueron excelentes. Prueba de ello es que en algún momento, todos los autobuses que circulaban por La Habana eran españoles de la marca Pegaso.

Más adelante, a principios de los años ochenta las cadenas hoteleras, con Sol Meliá a la cabeza hicieron grandes y jugosas inversiones en la Isla, beneficiándose de las increíbles ventajas ofrecidas por el dictador a sus millonarias inversiones, específicamente en lo que concierne la gestión del personal, administrado y pagado por la parte cubana, en pesos no convertibles, mientras que los enormes beneficios generados iban (van todavía) a las manos de los empresarios españoles y a las empresas estatales cubanas, dirigidas —todas las que generan divisas— por militares o personas vinculadas estrechamente a la cúpula gobernante, sin que los cubanos sepamos claramente a qué se dedica todo ese dinero ganado con el sudor de los trabajadores de la Isla.

En todo caso, muy grandes han de ser los intereses que se mueven tras las bambalinas para que Carromero mantenga todavía la boca cerrada, pero sobre todo para que el Gobierno español —de derechas, ¡por Dios!— reconozca el fallo de un tribunal cubano, reconociendo las garantías procesales de la mascarada bayamesa que lo condenara, manteniéndole preso todavía.

En resumen, no se sabe a ciencia cierta quién es más culpable, si Carromero por su silencio, o el Gobierno de España, que reconoce con sus vergonzosos actos presentes la legitimidad de un régimen que ya nadie en Occidente duda en calificar abiertamente de dictadura. Por eso saludamos la voz levantada de Esperanza Aguirre y de todos los que por su peso político estén en condiciones de hacerse oír, para que de una vez, el Gobierno español asuma una posición clara con respecto al castrismo y que la familia de los fallecidos pueda por fin, tras tantos sinsabores, encontrar el sosiego que merecen.

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DDC
Madrid

Es hora de que lo ocurrido salga de los círculos del Partido Popular, el Gobierno español y la familia Payá.

Ángel Carromero lleva en España más de dos semanas. Salvo una frase de agradecimiento a los periodistas al salir de la cárcel, no ha hablado públicamente. Los políticos del Partido Popular (PP) que lo visitaron en la prisión de Segovia comentaron que lo haría en cuanto ordenara sus pensamientos. Esos políticos se han referido a lo duro del régimen carcelario sufrido en Cuba, pero no han tenido una palabra para el proceso judicial y, mucho menos, para los hechos por los que fuera condenado.

Carromero se mantiene en silencio y sus compañeros de partido evitan hablar de lo ocurrido a Oswaldo Payá y Harold Cepero.

El político sueco Aron Modig eligió hacer silencio mientras su compañero de viaje español se encontraba preso en Cuba. Repatriado Carromero, la única noticia sobre Modig es que no se presentará a reelección como presidente de la Juventud Demócrata Cristiana de su país.

Carlos Payá, hermano del líder fallecido y representante en España del Movimiento Cristiano de Liberación (MCL), conversó telefónicamente con Ángel Carromero.  De ese diálogo trascendieron algunos comentarios sobre las duras condiciones en las que estuviera confinado el joven. Nada acerca del fallecimiento de Payá y Cepero. Nada sobre el proceso judicial. Todo volvió a centrarse en la persona de Carromero, a quien Carlos Payá llegó a calificar de "héroe".

Pese a todo este cultivado mutismo, la muerte de Oswaldo Payá y de Harold Cepero es asunto que está más allá de un partido, de un gobierno o de una familia. Es hora de que lo ocurrido salga de los círculos del PP y de la familia Payá. Es hora de que Carromero y Modig rompan sus silencios, den testimonio y pueda establecerse cuánto difieren los hechos de la versión impuesta por el régimen cubano.

Varios miembros de la familia Payá han abogado por una investigación internacional y han mencionado un mensaje de texto que les avisaba de una colisión por otro auto. A partir de esa prueba, que ha de ser reproducida y no solo referida, los Payá podrán presionar a la opinión internacional para que se abra la investigación que reclaman.

Y, en lugar de arropar el silencio culpable de uno de sus militantes, el PP tendría que exigir a Carromero que haga pública su versión de los hechos. Así lo exige la responsabilidad política contraída, pues fue enviado a apoyar el proceso de democratización cubano y, en nombre de ese mismo proceso, resulta imprescindible esclarecer cuánto sucedió.

Según afirmara el diputado Pablo Casado (PP), la negociación para repatriar a Carromero no incluyó contraprestación alguna y se debió únicamente a un éxito diplomático. Se ha sabido, sin embargo, que el Ministerio de Relaciones Exteriores español buscará en lo adelante "rebajar la tensión" y alcanzar relaciones más apacibles con el régimen cubano. Serían abandonadas, por ello, las peticiones de democratización para Cuba que preveían presentar en el Parlamento Europeo, y se suspenderán los actos con representantes de la disidencia.

En tanto gobierno, el PP haría bien en mostrar que su compromiso con la democracia cubana no ha desfallecido. El encarcelamiento de Carromero en Cuba pudo obligar a complacencias con el régimen de La Habana. Pero ahora, cuando ya no existe motivo de chantaje, continuar con ellas pondría en evidencia el desentendimiento del PP y del Gobierno ante las violaciones de derechos humanos en la Isla.  Y si mientras estuvo preso Carromero cabía la muy discutible supeditación de las relaciones exteriores del país a la suerte de un individuo, ¿qué disculpa tendrían ahora?

Ángel Carromero debe pronunciarse ante la opinión pública. El PP, que gobierna España, y del cual Carromero es militante, ha de ser garante de ello. De lo contrario, estarían encubriendo lo que posiblemente haya sido un crimen político.

La sociedad civil cubana espera. Habla, Carromero.

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